El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró este miércoles 14 de julio durante un consejo de seguridad con otras municipalidades que la ciudad no recurrirá a la medida del toque de queda el próximo 20 de julio, fecha en la que está programada una nueva jornada de manifestaciones en el marco del Día de la Independencia.
Según precisó el mandatario, esta posibilidad solo se pondrá en consideración “a menos que las circunstancias lo ameriten”. Sin embargo, sí afirmó que se adoptará la medida de ley seca el 19 y 20 de julio, la cual iniciará a las 7:00 de la noche y finalizará a las 5:00 de la mañana del día siguiente.
Para Ospina, decretar un toque de queda sería una determinación muy “agresiva”, y su intención es que se pueda llevar a cabo una jornada tranquila. “Durante todos estos días hasta el 20 de julio estaremos con nuestras comunidades construyendo un clima de tranquilidad. Además, hemos orientado a la Fiscalía y Policía adelantar acciones preventivas en cuanto a sujetos que quisieran hacer daño. Como alcaldías tenemos esa responsabilidad de adelantar esas labores preventivas”, apuntó.
Sin embargo, el funcionario recalcó que no se van a tolerar los actos vandálicos, por lo que se van a prohibir el traslado de pipetas de gas, escombros y residuos: “Las personas en la ciudad no tendrán ninguna dificultad para adelantar las protestas pero no se puede posibilitar hechos violentos, por esta razón la Fiscalía y demás autoridades que consoliden las acciones de inteligencia, en relación para identificar a las personas que quisieran hacer daños y actos terroristas”.
Por último, Ospina también dejó claro que en la ciudad se autorizará la Asamblea Nacional de Unidades de Resistencia que se llevará a cabo en diversas ciudades del país: “Los ciudadanos de Colombia se pueden movilizar por todo el territorio para realizar asambleas políticas y culturales, nuestra alcaldía no tiene ninguna dificultad para que estas actividades se adelanten”.
Recordemos que estas disposiciones fueron anunciadas por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Ruz Roldán, el pasado miércoles, con el fin de controlar los hechos de violencia: “Tenemos que proteger todas nuestras entidades. Nunca hemos estado opuesto a la protesta social, nos oponemos es a quienes aprovechan estas oportunidades para crear vandalismo, por eso vamos a decretar esta restricción”.
Durante sus anuncios, la gobernadora también indicó que se va a ofrecer una recompensa de $100 millones para las personas que brinden información sobre individuos que aprovechen las marchas para “dañar los bienes públicos y para dañar sectores comerciales”.
EL DILEMA DEL SECTOR SALUD:
En las últimas horas, las autoridades sanitarias del Valle del Cauca han expresado su preocupación por las marchas del 20 de julio a raíz de la alerta roja hospitalaria. Uno de los llamados de atención lo hizo la secretaria de Salud de la región, María Cristina Lesmes, quien aseguró que el sistema de salud se vería expuesto:
“Una aglomeración implicaría el aumento de la velocidad nuevamente de la transmisión del COVID, el incremento nuevamente del número de casos y el incremento de más personas enfermas que requieran UCI, no hemos descendido nuestro gran pico, yo creo que el sistema de salud, ni la comunidad están preparadas para esto”, dijo.
De igual modo, invitó a que los pobladores mantengan las medidas de bioseguridad: “Tapabocas y distancia social, eviten quitarse el tapabocas para conversar con extraños y tener actividades muy cercanas, la situación de nosotros es muy difícil todavía, estamos en la parte alta de la cima y no aguantaríamos un número elevado de casos sobre los que ya tenemos”.
Una de las reportes positivos en el Valle es la reducción de 308 a 100 en el número de pacientes en espera por una cama de cuidados intensivos (UCI). Sin embargo, el índice de ocupación de estas unidades de emergencia está al 94,1%, a corte del 14 de julio.
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