Proyecto de ley buscará impedir el acoso judicial a la prensa en Colombia

Adicional a la violencia, en los últimos años se ha incrementado el uso de otro mecanismo para acallar a la prensa: el acoso judicial. Mientras unos son víctimas de amenazas de muerte, algunos también deben enfrentar largos procesos judiciales que tienen como objetivo desgastar al comunicador o comunicadora hasta que desista de continuar en la investigación que le generó molestias al denunciante.

De acuerdo con María Paula Martínez, asesora de la FLIP, desde 2017 cuando iniciaron el registro de este tipo de intimidación hacia la libertad de prensa, los casos han aumentado. En 2020, de acuerdo a esa fundación, se presentaron 36 procesos. Debido a esa situación, las organizaciones defensores de los derechos de los periodistas, se han visto colmados para brindar apoyo y ayuda.

En ese sentido, la FLIP y el grupo de profesionales de defensa judicial para comunicadores El Veinte, convocaron al senador Rodrigo Lara para presentar un proyecto que dote a los organismos judiciales de herramientas para detener e identificar el acoso judicial e impida, como es su objetivo, silenciar a la prensa.

“¿Cómo logran los corruptos, los violentos, los bandidos, los paramilitares, acallar a la prensa, evitar las denuncias, que se revelen los grandes escándalos del país? A través del acoso judicial”, aseguró en la presentación pública del proyecto, el senador Lara.

De acuerdo con los autores, quienes suelen practicar el acoso judicial son personajes públicos o con proyección pública que han incurrido en conductas ilegales como corrupción, delincuencia organizada, paramilitarismo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y violencia sexual, entre otras.

Estos personajes, al verse afectados por investigaciones periodísticas que revelan sus acciones delictivas, inician procesos judiciales en contra de los autores. En algunas ocasiones extienden los procesos por años para afectar la el desarrollo profesional y personal del comunicador; exigen altas sumas de dinero como reparación, o los radican en ciudades diferentes al lugar de residencia del periodista y así ocasionar un desgaste económico y físico por desplazamiento para cumplir con las citaciones, entre otras figuras.

“En legislaciones anglosajonas o en otros países del mundo, y ahora va a existir en la Comisión Europea de Derechos Humanos, señalan que es importante tener formas procesales que detengan o que permitan plantearle al juez que se está usando el proceso judicial para silenciar temas de interés público”, señaló Ana Bejarano, una de las autoras.

La abogada explicó que el proyecto plantea una definición de acoso judicial y sus posibles víctimas, así como capacitaciones en esa figura, para que se configure los procesos a fin de que la autoridad competente pueda detener las acciones antes de que causen el daño.

Bejarano asegura que no se trata de limitar el acceso a la justicia ni cercenar el derecho al buen nombre y a la honra, debido a que no se impide el inicio de procesos judiciales, sino que es un tipo de evaluación que permite a las autoridades judiciales identificar si se puede configurar un acoso judicial contra el demandado.

Esta figura se presenta en las tres jurisdicciones, civiles, penales, o por medio de acciones de tutela. “En la civil buscamos que la persona que siente que se está enfrentando con una causa infundada, que no se quiere sacar a relucir una verdad, que no se está defendiendo el buen nombre o la honra, pueda pedir una sentencia anticipada; se genera una sanción que va a la rama judicial y va a reducir el uso inadecuado del sistema judicial”, señaló la abogada.

También, el proyecto buscará reconfigurar las reglas de competencia para que un periodista no pueda ser denunciado en una ciudad diferente a la que reside, que es un mecanismo utilizado por los acosadores.

“En el proceso penal proponemos que el fiscal pueda archivar el caso antes de que pueda tomar una decisión de si continúa o no, si percibe que están los elementos del acoso judicial y eso va a generar una conversación interesante entre el ente acusador y las personas que usan las denuncias”, agregó la abogada.

Martínez, representante de la Flip, señala que el acoso judicial “desestimula el ejercicio investigativo y es una herramienta en contra de los periodistas, que quiere limitar el espacio público”, por eso, para evitarlo, se “necesita que jueces y juezas puedan entender mejor el fenómeno, que permitan que no escale y que los periodistas tengan una manera de defenderse frente a esta actividad”.

El senador Lara asegura que ya ha buscado apoyo en las comisiones primeras de Senado y Cámara, donde ha logrado un buen número de firmas para la presentación y posterior aprobación del proyecto. Sin embargo, se enfrenta a que los políticos, en muchos casos son quienes utilizan ese mecanismo para silenciar investigaciones en su contra.

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