JEP imputará por falsos positivos a Publio Hernán Mejía, ex comandante del batallón La Popa y candidato presidencial

Más de 126 homicidios y 120 desapariciones forzadas son atribuidas al batallón La Popa entre los años 2002 y 2005, según una imputación de cargos que hará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al entonces comandante de la unidad militar Publio Hernán Mejía y 14 militares adscritos más.

Según el diario El Espectador, la JEP ya tiene lista la segunda imputación del macro caso 03, sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, la cual se centrará en uno de los batallones más grandes del Ejército a inicios del siglo y que operó en el departamento con el tercer mayor número de casos: el Batallón de Artillería La Popa del Cesar.

La decisión de la Sala de Reconocimiento de la JEP, revelada por ese diario, señala que los coroneles Publio Hernán Mejía y su sucesor al mando Juan Carlos Figueroa, junto a otros 13 uniformados tuvieron “un rol esencial” en la conformación de una organización criminal dentro de esa unidad del batallón La Popa.

Mejía fue condenado en 2013 a 19 años de cárcel por colaboración con paramilitares con un estrecha relación con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y, en ese momento, la Fiscalía lo señaló de estar relacionado con ejecuciones extrajudiciales.

Según un perfil del coronel (r) Mejía, de la Revista Semana en 2013, entre 2002 y 2004 cuando fue comandante de La Popa, ese batallón se convirtió en uno de los que más bajas producía, pero sus resultados eran cuestionables, en ocasiones, porque sus hombres no resultaron heridos.

Mejía fue el primer alto oficial del Ejército en ser denunciado por vínculos con las autodefensas, luego de que se conociera públicamente la relación que habría conformado con el frente Mártires del Cacique de Upar en el Cesar. El entonces ministro Juan Manuel Santos tomó la decisión de hacer público el caso.

El coronel retirado ha alegado su inocencia en las acusaciones y en junio de 2020 anunció que sería precandidato a la Presidencia de la República. “Lo hago con la compañía de ustedes, con el equipo que conformaremos a sabiendas que NO PERTENEZCO A NINGÚN MOVIMIENTO O PARTIDO POLÍTICO y el único ideal, es salvar a Colombia”, publicó en sus redes sociales.

La decisión de la JEP confirma algunas de las acusaciones que desde el 2013 se han hecho públicas en contra de Mejía. Según lo revelado por El Espectador, los testimonios recogidos por el tribunal especial señalan que creó una relación con alias ’39′ en la que se pasaron por bajas los homicidios de los paramilitares, se ejecutó a personas señaladas por delitos menores o como colaboradores de la guerrilla e insurgentes heridos en combate.

De acuerdo con la JEP, en el departamento del Cesar se ubica el 7,3% del universo de casos de víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Es el tercer territorio con mayor número de victimización, por que la Jurisdicción priorizó el caso en los hechos ocurridos entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y sur de La Guajira por el Battallón de Artillería N° 2 La Popa.

En ese departamento se han acreditado familiares de 11 víctimas indígenas de las comunidades Wiwa y el pueblo Kankuamo quienes señalan al batallón La Popa como responsable de los homicidios. Además, la JEP ha escuchado 59 versiones voluntarias de unidades militares relacionadas con ese destacamento militar que se ubicó en Valledupar.

Así mismo, la JEP ha recibido numerosos informes de organizaciones de víctimas, en las que se señala que posteriormente al 2005 y hasta el 2009 se cometieron más ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas de personas que no han sido identificadas y se encuentran dadas como desaparecidas.

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