Estas son las estrategias de la nueva reforma tributaria contra la evasión de impuestos

La reforma tributaria anunciada el pasado 13 de julio por le Gobierno nacional ha recibido comentarios mayoritariamente positivos, entre otras cosas por la premisa de dar persecución a los evasores de impuestos que tan golpeadas tienen las arcas nacionales. Sobre el tema habló el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien detalló cómo planean abordar a estas personas.

Valga recordar que, de acuerdo con la Dian, el país percibe pérdidas por 20 billones de pesos a causa de la evasión del IVA, el impuesto a la renta y el contrabando. No obstante, y según lo explicado por el jefe de la cartera a Noticias Caracol, el objetivo con este rubro es el de lograr un recaudo inicial de 2,7 billones de pesos, a través de cuatro mecanismos puntuales: la facturación electrónica, el registro único tributario (RUT), la creación del registro único de beneficiarios y la venta de bienes inmuebles a valor real.

De dichos componentes, el que más desarrollo recibió por parte del ministro fue el primero, sobre el que manifestó que “hay una cantidad todavía de procedimientos de documentos que no se consideran factura electrónica. Entonces, vamos a ir evaluando cuáles de ellos pueden ser considerados como factura electrónica y vamos a crear un mayor sistema, un más grande sistema de factura electrónica”.

Con esta, no sólo se buscaría implementar un sistema de facturación compulsiva que permita identificar a potenciales evasores, sino que además pueda llegar a las casas de los mismos con una declaración de renta sugerida, facilitando el trámite en caso de que dicho cálculo sea una de las barreras para el cumplimiento de los compromisos tributarios.

Como complemento, y por medio de la Dian, las autoridades podrían sacar el RUT de dichas personas y convertir la declaración de renta sugerida en una factura, lo que terminaría de forzar su entrada al sistema fiscal colombiano. A esto se sumaría también el nacimiento del registro único de beneficiarios, que identifica a quienes conforman cada persona jurídica del país, con el objetivo de contrarrestar el lavado de activos y, claro, la evasión.

Finalmente está el tema de la venta de inmuebles, que comenzaría a darse por el 100 por ciento del valor de los mismos y no por el 85 por ciento, como se venía dando hasta ahora. Para ello, agregó el ministro, se empleará tecnología de georreferenciación que “vamos a tener que disponer nosotros para que las notarías tengan acceso a esta información y puedan hacer seguimiento a que efectivamente la venta sea por el valor comercial”.

No hay que olvidar que, además de estas nuevas medidas, también continúan vigentes las que ya existían, como el control a entidades sin ánimo de lucro, el intercambio automático de información internacional, la fiscalización internacional, el listado de paraísos fiscales, las cláusulas de abusos, control a deducciones y la determinación de proveedores ficticios.

La nueva reforma tributaria del gobierno de Iván Duque fue presentada el pasado 13 de julio y fue bautizada como ‘Proyecto de Inversión Social’. El texto incluye las medidas para recaudar $15 billones destinados para solventar los proyectos de subsidios que están a punto de concluir después de un año caracterizado por turbulencias económicas derivadas de la pandemia del covid-19.

El mismo propone otras medidas en términos de austeridad como el hecho de que los gastos de las nóminas financiadas con el Presupuesto General de la Nación no crecerán, sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios, a partir de 2023; o el límite a la la adquisición de bienes y servicios a aquellos que son estrictamente esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, entre otros.

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