Este martes 13 de julio, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia reveló que desde enero y hasta el 12 de julio han recibido 118 denuncias de asesinatos de líderes sociales alrededor del territorito nacional.
De la cifra total, la organización ha verificado 38 casos ( 34 hombres y 4 mujeres) mientras que 39 están en proceso de verificación (34 hombres y 5 mujeres), y hay 41 denuncias que, según sus condiciones y parámetros no son convincentes.
Respecto a los departamentos en los que se han registrado más asesinatos están: Valle del Cauca con 19 casos, seguido por el Cauca con 5 y el Chocó con 3.
Por otro lado, otra de las situaciones evidenciadas por la ONU fue la del desplazamiento forzado en el país, que según los funcionarios del organismo han afectado a comunidades, líderes sociales y excombatientes en 25 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del cauca.
La ONU destacó que a pesar de los avances en la implementación del Acuerdo Final de Paz siguen presentándose grandes falencias, sobre todo en las garantías económicas para las personas que dejaron las armas.
Por su parte, el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que el país ya registra 90 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido de 2021. De acuerdo con el informe presentado, el departamento que continúa presentando los mayores índices de casos es Antioquia con 16, seguido del Valle del Cauca, Nariño y Cauca, todos ellos con 10 asesinatos.
En comparación con la misma fecha del año 2020, según las cifras del instituto se presenta una reducción del 47% en el número de asesinatos de líderes sociales en el país, al contabilizar 169 homicidios el año pasado y 90 en el actual.
El caso más reciente había sido el de Chala Hueje, quien fue asesinado en el municipio de Cartagena del Chaira, en el departamento de Caquetá. Al parecer, el joven de 26 años se encontraba en su finca cuando lo abordaron dos hombres armados sobre la 1:30 de la tarde.
Además, el pasado 9 de julio, el presidente, Iván Duque, confirmó sobre los homicidios de cuatro personas de comisión de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), quienes se encontraban desaparecidas desde el 27 mayo en una zona del departamento del Meta.
“Este hecho nos genera un profundo dolor; toda mi solidaridad con los familiares y amigos de estas 4 personas. Reitero nuestro compromiso de trabajar para devolverles la tierra a los campesinos; y no ahorraremos esfuerzos para encontrar a los responsables de estos asesinatos”, fueron las palabras del jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter.
A raíz de los hechos ocurridos el año anterior, el 7 de enero de 2021 la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta tempranera sobre el riesgo que representaba para los líderes sociales la reconfiguración y reacomodo de los actores armados ilegales en las distintas regiones del país tras la firma de los acuerdos de paz.
Este aviso se efectuó para el departamento de Caquetá, especialmente en los municipios de Curillo, San José del Fragua, Solita; en Cauca, en la población de Piamonte; y en Putumayo, con un enfoque especial en Puerto Guzmán.
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