Comité del Paro asegura que también buscará regular la protesta social en Colombia

Al menos tres proyectos de ley se presentarán en la próxima legislatura del Congreso de la República para reglamentar el tema.

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Protestas 2021 en Colombia. Foto: Colprensa - Camila Díaz
Protestas 2021 en Colombia. Foto: Colprensa - Camila Díaz

Las manifestaciones del Paro Nacional más largo de la historia tendrán una amplia discusión en el próximo periodo legislativo, debido a varias iniciativas que buscan proteger y otras limitar, el derecho a la protesta en el país.

Junto al Gobierno nacional y el partido Conservador, el llamado Comité del Paro anunció que también presentarán un proyecto de ley que regule el derecho a la protesta social en Colombia, como lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de una visita al país.

Según dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y del Comité del Paro, a la emisora Caracol Radio, la iniciativa que radicarán el próximo 20 de julio en el Congreso, tendrá como objetivo acatar la sentencia STC 7641 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a una tutela que pidió proteger el derecho a la protesta pacífica, así como lo dispuesto en el Acuerdo de Paz.

Esa sentencia, que fue citada por la CIDH en sus recomendaciones al Gobierno, exhortó al Congreso de la República a que emita una ley estatutaria que “regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica”.

Esa sentencia obligó al entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a pedir perdón público por los excesos de la fuerza pública desde el 21 de noviembre de 2019, cuando inició el paro nacional de ese año y durante el cual murió por una agresión del Esmad el joven Dylan Cruz.

La sentencia ordenó al Gobierno nacional a emitir actos administrativos que establezcan la neutralidad de los funcionarios del orden nacional en las manifestaciones pacíficas, regular el uso de la fuerza de la Policía y el Esmad en las protestas, condenar la intervención sistemática, violenta y arbitraria, así como frenar las detenciones ilegales y abusivas.

“El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deberá estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”, dice el documento, así como pide establecer un máximo del uso de la fuerza que debe estar dirigido a la protección y control de civiles, más no en “derrotar al enemigo”.

La recomendación de la CIDH en ese sentido dice, en el informe: “Elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia”, la cual, en todo caso, debe “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”.

En ese sentido, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, aseguró en entrevista con el diario El Tiempo, que el Gobierno coincide con la recomendación y radicará, también el próximo 20 de julio, un proyecto de ley que regule la protesta pacífica; sin embargo consideran que las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes.

De modo que, como lo ha anticipado el presidente Iván Duque, esa nueva ley podría tener apartes como la prohibición de los bloqueos de vías como formas de protesta, que contradicen la disposición de la CIDH para abstenerse de prohibirlos de manera generalizada.

El presidente Iván Duque también había anunciado un proyecto de ley “antivandalismo”, el cual tendría una intención de regular la protesta social, endureciendo las penas y la acción de la fuerza pública contra los actos vandálicos en protestas, lo cual también podría chocar con la regulación a ese cuerpo en su intervención de las manifestaciones sociales.

Junto a este, el Comité del Paro radicará otros nueves proyectos de ley, entre ellos: renta básica para 10 millones de personas de un salario mínimo por siete meses. La matrícula cero para los jóvenes universitarios a cargo del Gobierno Nacional, el pago del salario de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, la derogatoria del decreto 1174 que consideran una reforma laboral y pensional “por la puerta de atrás”, así como un proyecto de ley que sea la construcción de una política de juventud que en Colombia.

Para radicar los proyectos, el Comité del Paro convocó a una gran jornada de movilización en la avenida Jiménez con Carrera Séptima en Bogotá, y plantones en alcaldías y gobernaciones en los otros municipios y ciudades del país, con el fin de acompañar sus iniciativas.

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