Procuraduría pide a Claudia López rendir cuentas del programa de Ingreso Mínimo Garantizado

La mandataria deberá responder acerca de cómo se conformó la base de beneficiarios del sistema distrital “Bogotá Solidaria” para la quinta etapa de este proyecto.

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Trapos rojos en ventanas, como
Trapos rojos en ventanas, como símbolo con el que se identifican las familias que necesitan comida durante la cuarentena. Mauricio Dueñas Castañeda \EFE

En un procedimiento regular de control de recursos públicos, la Procuraduría General de la Nación pidió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregar detalles del programa distrital de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). La solicitud fue enviada por el Ministerio Público este lunes 12 de julio, y en concreto, la mandataria deberá responder acerca de cómo se conformó la base de beneficiarios del sistema distrital “Bogotá Solidaria” para la quinta etapa de este proyecto.

“La Procuraduría General de la Nación formuló a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una serie de inquietudes relacionadas con el quinto ciclo del programa de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). En comunicación enviada a la mandataria de los bogotanos, el Ministerio Público solicitó información sobre los ajustes que se han implementado para actualizar el registro de beneficiarios en la base maestra del sistema distrital “Bogotá Solidaria”, aseguró el órgano de control estatal a través de un comunicado de prensa.

Así mismo, en cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría aseguró que indagó sobre los mecanismos alternativos que se han considerado para identificar los hogares que hayan cruzado la línea de pobreza en las últimas semanas. Esto está relacionado a que, con las condiciones actuales por la pandemia que han desestabilizado la economía y aumentado el desempleo, las probabilidades de que más personas necesiten del IMG es alta.

El órgano de control reiteró que es importante verificar la información solicitada, ya que el proyecto de Ingreso Mínimo Garantizado dispone de una gran cantidad de recursos. Para este quinto ciclo se girarán 48.435 millones de pesos con los que se pretende favorecer a 666.077 hogares pobres y vulnerables de la capital del país.

Además, están corroborando cómo se conformó la base de beneficiarios, ya que apenas hace un mes la Alcaldía de Bogotá anunció modificaciones al programa de Ingreso Mínimo Garantizado para beneficiar a más hogares. Lo anterior, teniendo en cuenta que el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), demostró un aumento de los índices de pobreza extrema pasando de 4,2 a 13,3 por ciento y de pobreza monetaria que escaló del 27,2 al 40,1 por ciento.

Entonces, para beneficiar a más familias capitalinas, se incluyeron a los hogares vulnerables clasificados en los grupos C1 a C5, adicional a los hogares pobres clasificados en los grupos A y B de Sisbén IV, que ya se venían atendiendo.

Ahora bien, también cambian los montos que recibirán dichos beneficiarios. Valga recordar que, en el sistema que se venía manejando hasta ahora, quienes estuvieran clasificados en la categoría de ‘pobres’ recibían 240.000 pesos, mientras que aquellos que se encontraran en el grupo de ‘vulnerables’ podían contar con un ingreso de 160.000 pesos. En palabras de Ramírez, se trataba de montos que generalizaban, entre otras cosas, los distintos niveles de pobreza que hay y el entorno familiar de los bogotanos. Las poblaciones quedarían así:

1-A5 (pobreza extrema)

B1-B7 (pobreza moderada)

C1-C5 (vulnerables)

Dicho esto, explicó que a causa de los cambios, se harán transferencias monetarias con criterios diferenciados, según los apoyos económicos e institucionales que reciben los hogares pobres y los hogares vulnerables que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Se entregarán hasta 625.000 pesos a familias numerosas y en pobreza extrema, y desde 37.000 pesos a aquellos hogares que tienen mayores ingresos y apoyos institucionales del Distrito y/o la Nación.

Ya que se está hablando de población vulnerable, la Procuraduría aseguró que, es “fundamental que las entidades públicas salvaguarden los derechos de los ciudadanos y, en consecuencia, vigilará la aplicación de las medidas de emergencia sanitaria, en especial aquellas que busquen un beneficio para los hogares más pobres del país”.

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