La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue tomando decisiones que involucran a actores del conflicto interno del país. En la tarde de este lunes 12 de julio, se dio a conocer que el mecanismo de justicia negó una petición hecha por la defensa de los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca secuestrados en 2002 y asesinados en 2007 por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que pedía imponer medidas cautelares a quienes hicieron parte del secretariado de las Farc.
A esa división pertenecieron Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’; Julián Gallo, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Alberto Parra; Milton de Jesús Toncel; Juan Hermildo Cabrera; Pastor Alape; y Rodrigo Granda. Para ellos se pidió, sin éxito, que se les restringiera la libertad en Zonas Veredales de Normalización y restricción de la función de congresistas para los comparecientes relacionados en el Auto 019 de 2021.
La JEP argumenta que no concedió la petición porque no existe una prohibición expresa para el ejercicio de la participación política por parte de integrantes de las Farc sometidos a la JEP; por el contrario, en el acuerdo estaban claras estas garantías, paralelas a los procesos de justicia transicional. Además, con la firma del Acuerdo Final de Paz, los exguerrilleros recibieron el restablecimiento pleno de sus derechos.
Así mismo, el mecanismo de justicia señala que tuvo en cuenta un concepto emitido hace un mes por la Procuraduría General de la Nación en el que solicitó que se declaran improcedentes las medidas solicitadas. El Ministerio Público señaló lo mismo que expuso este lunes la JEP: que los exguerrilleros, a partir de la dejación de armas, recibieron reconocimiento pleno como ciudadanos.
Además, pidió el concepto a varias universidades del país y a instituciones del exterior “con el fin de contar con mayores elementos para decidir de fondo la solicitud”. Entre ellas están las facultades de Derecho de la Universidad del Rosario, Los Andes, La Sabana, la Nacional en Bogotá; de la Universidad de Antioquia de Medellín; de la Universidad del Norte de Barranquilla; de la Universidad Icesi en Cali; a Dejusticia, al Transitional Justice Institute de la Universidad de Elster, de Essex y hasta al Instituto Colombo Alemán para la Paz (CAPAZ). Estas instituciones tuvieron hasta el 4 de junio para enviar sus conceptos, que fueron completamente voluntarios.
Ante esta decisión, Juan Camilo Sanclemente, abogado de los familiares de los diputados del Valle, aseguró que, “la decisión de la JEP es un golpe a las víctimas”. Él asegura que los excombatientes tienen más ventajas de las que gozan quienes fueron dañados por el grupo ilegal.
“Resulta asombroso que para las Farc el reconocimiento voluntario de conductas graves no se puede convertir en un indicio de peligrosidad y les afecta la presunción de inocencia, cuando estamos antes personas que aceptaron su responsabilidad de cometer crímenes de lesa humanidad pero para ellos toca seguirlos tratando como inocentes. Respecto a la participación en política de los miembros del secretariado imputados, deja claro la JEP que estos sujetos a pesar de aceptar su responsabilidad y al momento de recibir la respectiva sanción seguirán gozando de participación en política, participación que ni las mismas víctimas han tenido hasta la fecha” dijo Sanclemente a Semana.
Hay que recordar que esta no es la única batalla legal que libran los familiares de los diputados del Valle. En febrero de este año se conoció que la nación le pidió al Consejo de Estado que eliminara un fallo que emitió en septiembre de 2020 en el que ordenaba indemnizar a las mencionadas víctimas con 23.000 millones de pesos y un acto público de aceptación de responsabilidad y petición de perdón.
“Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa (MinDefensa) y Policía Nacional - a pagar la suma de $23.004.340.598 a los integrantes del grupo presentes en este proceso y a los que se integren con posterioridad dentro de la oportunidad legal”, se lee en la sentencia del fallo mencionado.
El Consejo de Estado explicó que el MinDefensa y la Policía tuvieron parte de la responsabilidad en el crimen, porque eran conscientes de que los diputados estaban amenazados y no les brindaron la seguridad necesaria. A pesar de esto, los entes niegan la acusación del tribunal, y por consiguiente, las obras de reparación a las víctimas.
Las familias de los diputados asesinados rechazan rotundamente la negativa del Estado y piden retirar la tutela interpuesta para desconocer el fallo. Los afectados piden que se les indemnice, ya que dependían económicamente de los fallecidos y sobre todo, quieren ser reparados moralmente. Así mismo, aseguran que en Colombia el Estado nunca se ha negado pagar los daños a las familias que han sufrido crímenes de este tipo.
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