Con la pandemia del covid-19 se hicieron aún más notables las fallas del sistema de salud colombiano, incluyendo las millonarias deudas que tienen las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con los hospitales del país. Este 11 de julio se conoció que, en el caso del Valle del Cauca, hay un déficit de aproximadamente 980 mil millones de pesos por conceptos que van entre atención a pacientes covid, vacunación contra el virus, atención a migrantes y pagos a proveedores médicos.
La información fue revelada por la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, quien le solicitó ayuda al presidente Iván Duque para poder sostener la red hospitalaria del departamento. Ella aseguró que es fundamental contar con el respaldo del Gobierno nacional porque el sistema de salud regional y varios empleos dentro de este sector dependen de eso.
“Señor Presidente debo plantearle la necesidad de tomar medidas urgentes, de rescate para el sector salud por la severa afectación en la pérdida de la prestación de salud, el incremento del costo y la disminución de los ingresos, generando un grave desequilibrio financiero de la red pública hospitalaria. Adicionalmente, las EPS le deben a la red 446 mil millones y por vacunación 12 mil millones”, dijo Roldán durante el cierre de los diálogos regionales que realizó el Gobierno nacional, liderado por el Ministerio de Hacienda (MinHacienda), en el departamento.
Adicional a esos conceptos, que suman 458 mil millones de pesos, está la cartera por servicios prestados a población migrante de 92 mil millones, la deuda laboral que a junio de 2021 está en 100 mil millones y las deudas con proveedores de 330 mil millones. Con esta situación, la gobernadora reiteró que es fundamental que se “le dé una mirada especial a la región para la reactivación económica”, incluyendo un Plan de Reconstrucción del Tejido Social.
Las autoridades vallecaucanas están preocupadas porque la deuda reportada hasta el momento ya empieza a generar inconformidad entre los trabajadores del sector salud del departamento que sienten el impacto. Recientemente, el pasado 9 de julio, trabajadores del Hospital Tomás Uribe Uribe, de Tuluá, anunciaron que ante la falta del pago de sus salarios entrarán en asamblea permanente.
Según Rodolfo Borja, presidente del sindicato del hospital, cada una de las EPS que tiene convenio con la institución le adeuda un monto cercano a los 90 millones de pesos.
“Son más de 80 mil millones que nos adeudan las EPS, a los especialistas y a los trabajadores de planta les adeudan dos meses, a los trabajadores de planta un mes, sin contar que no se ha recibido la prima de mitad de año”, dijo Borja.
De igual forma, manifestó que la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el Tomás Uribe Uribe ya llegó al 100 por ciento y que, a pesar de su compromiso, Roldán, no ha enviado ni más recursos, ni más camas al pabellón. En ese sentido, exigió a la gobernadora que los atienda.
Es importante aclarar que la asamblea no implica un cese de operaciones por parte de los trabajadores de la salud, al menos no por ahora. Según Borja, se trata de una advertencia inicial, pero que no durará mucho tiempo, pues “nosotros vamos a estar en asamblea hasta el martes pero si la gobernadora o la secretaria de Salud no se sientan con nosotros y nos brindan soluciones nos veremos obligados a cerrar la puerta principal”, lo que resultaría perjudicial para el centro y el norte del departamento, que remite pacientes hacia esa institución.
El sindicalista también recordó que el hospital tulueño no es el único del departamento con problemas de solvencia. “Caicedonia tiene las puertas cerradas, solo está atendiendo urgencias, Pradera hoy tiene reunión con la junta directiva por esta situación, en asamblea permanente están, Bugalagrande, Florida, Guacarí y Ginebra”, dijo
La suma de una nueva institución a la lista sería altamente perjudicial para el Valle del Cauca, que por estos días, y según el Ministerio de Salud y Protección Social, presenta una disponibilidad de apenas 141 de las 1.238 camas UCI que tiene habilitadas, pues 820 permanecen ocupadas por pacientes que sufren o son sospechosos de tener covid-19, mientras que otras 277 corresponden a personas que padecen de otras dolencias.
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