Fenalco contradice a la CIDH y asegura que le faltó objetividad e imparcialidad

A tres días de su presentación, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue encontrando rechazo de diferentes sectores de la actualidad nacional. Esta vez fue el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, quien aseveró que el reporte sobre lo sucedido durante del paro nacional que estalló en el país desde el 28 de abril de este año no es completamente fiel a los hechos.

“Es alarmante, por decir lo menos, que se pida dejar de aplicar tipos penales, que convierten en actos criminales acciones ‘comunes’ en las protestas como los bloqueos, sobre todo después de ver todo el impacto que tuvieron en vidas humanas, desabastecimiento y pérdidas económicas”, afirmó el vocero de los comerciantes.

Valga recordar que, entre las principales recomendaciones ofrecidas por el organismo internacional se señala sobre los bloqueos que el Gobierno colombiano debe considerar “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”. Lo anterior, debido a que los mismos hacen parte de las forma de ejercer el derecho a la legitima protesta pacificas y que al prohibirlos sería contradictorio con la misma ley.

No obstante, para la agremiación es necesario tener en cuenta que, a causa de los bloqueos y otros actos vandálicos, y según sus propios cálculos, el país percibió pérdidas por 15 billones de pesos. Un 30 por ciento de esta cifra corresponde a los costos que tuvo que asumir el comercio, cuyas pérdidas alcanzaron los cinco billones de pesos, pues se estima que al menos el 65 % de quienes se dedican a esa actividad tuvieron que cerrar en promedio 15 días, mientras que cerca de 40.000 empresas clausuraron temporal o definitivamente sus puertas, impactando en aproximadamente 300.000 empleos.

Eso sin contar, agrega Fenalco, el golpe que todo el asunto significó para la imagen internacional de Colombia, materializada principalmente en el cambio de la calificación de riesgo del país por parte de Fitch Ratings y Standard and Poor’s, quienes la bajaron de BBB- a BB+.

No sobra tener en cuenta, sin embargo, que dichas firmas no citan directamente al paro nacional entre los argumentos de su decisión, aunque la misma sí se tomó en el marco del mismo. En cambio advierten que se debe al aumento del déficit fiscal y la deuda pública con la que cuenta el Estado, que a su vez se derivan de la pandemia del covid-19 y el fracaso de la reforma tributaria que dio pie al estallido social.

Sin embargo, a juicio de los comerciantes, el informe parece pasar por alto este panorama y solo se limita a decir que se debe investigar y si es el caso, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las manifestaciones.

En ese sentido, Cabal sentenció que, “la falta de imparcialidad y objetividad del extenso informe lamentablemente le hace perder toda legitimidad. Es increíble que se desconozca en el informe el derecho de terceros y que se le de reconocimiento a las posibilidades de bloquear y pasar por encima de los derechos fundamentales de los colombianos”.

Finalmente, el jefe gremial aclaró que si bien está de acuerdo con que el diálogo es el principal instrumento para darle manejo a este tipo de conflictos, “lo que esperan los comerciantes es que efectivamente los vándalos sean judicializados y que además, los comerciantes que han sido víctimas sean resarcidos”.

Como Fenalco, son varios los que han rechazado la recomendación de la CIDH con respecto a este tema, comenzando por el presidente de Colombia, Iván Duque, quien advirtió que, “los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos, vimos niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos personas perder el empleo al ser restringidas en su movilidad por cuenta de esos bloqueos y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro código penal”.

Por su parte, la CIDH respondió a las críticas diciendo que, “el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión, es un derecho esencial en cualquier sociedad democrática y nos parece que prohibir una modalidad de protesta va contra el derecho a la protesta y es muy complejo hacerlo. Por lo tanto, nuestro llamado es que se debe hacer un análisis caso a caso, respecto a medidas que sean menos lesivas y por lo tanto, levantar los bloqueos de acuerdo a las condiciones específicas de cada uno de ellos”.

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