Policías acusados de secuestro y tortura en Bogotá no aceptaron cargos

El teniente coronel y sus cinco subalternos de la Policía de Tránsito de Bogotá, capturados el pasado 6 de julio señalados de haber secuestrado y torturado a un ciudadano, fueron citados a una audiencia virtual en la que la fiscal del caso presentó las pruebas y acusaciones contra ellos. Tras escuchar las declaraciones, los uniformados no aceptaron los cargos.

Los uniformados involucrados son el teniente coronel Gavino Humberto Gamboa Correa, jefe de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Dirección de Tránsito de la Policía; el intendente Johnatan Giraldo Aguilar, los subintendentes Jhon Fredy Velandia Mesa y Sandra Liliana Martínez Chacón, y los patrulleros William Eduardo Pérez Roncancio y Juan Diego Gañán Castaño.

Según la fiscal, estos uniformados participaron en el secuestro y tortura de un ciudadano para que devolviera unos elementos que había robado de la casa del teniente coronel Gamboa. Se ha conocido que los señalados habrían realizado un allanamiento con una orden fraudulenta y habrían retenido ilegalmente a un ciudadano. Datos preliminares indican que el teniente coronel Gamboa fue quien lideró esta acción, que viola los lineamientos de la Policía, al parecer, en forma de venganza.

El allanamiento se dio el pasado 29 de abril en una casa de Bosa, donde el sujeto habría escondido los elementos robados. La fiscal del caso señaló en la audiencia que cuando los uniformados encontraron al sujeto en el sur de Bogotá, este les dijo que los objetos estaban escondidos en Cucunubá, Cundinamarca, a donde fue llevado por los mismos oficiales.

“Ingresa rápidamente a esa vivienda y detrás de él, todos ustedes exhibiendo sus armas y apuntándole a Edwin”, dijo la fiscal del caso.

Luego la fiscal explicó que cuando se dirigen de regreso a Bogotá, el hombre se lanza del carro en el que lo llevaban los oficiales y corre hacía la casa de unos campesinos de la zona. “Ven a un hombre que se encontraba esposado, golpeado, sin zapatos y asustado”, relató la fiscal.

Pero el sujeto contó con tan mala suerte que fue capturado por unos uniformados de la Policía de Sutatausa, municipio de Cundinamarca, quienes lo retuvieron y lo entregaron nuevamente al coronel Gamboa y sus cinco subalternos.

Sin embargo, mientras esto pasaba, estos uniformados no contaban con que los familiares del hombre acudieron a un CAI a comunicar lo que estaba sucediendo, así se inició la investigación contra estos cinco uniformados.

Tras las declaraciones de la fiscal en la audiencia virtual, los oficiales no aceptaron los cargos por secuestro simple, tortura agravada y concierto para delinquir que les fueron presentados. De hecho, la defensa de los uniformados señaló que “si la Fiscalía hubiese accedido a escuchar a mi defendido y demás policiales en alguna de las tres ocasiones que así se lo solicitaron, con toda seguridad, no hubiese hecho la imputación que hizo en la audiencia”, señaló el abogado David Albarracín.

Cabe recordar que después de la captura, los abogados de los oficiales hicieron varios alegatos señalando que sus clientes no habían sido capturados bajo el panorama legal; sin embargo, en las últimas horas una juez de control de garantías rechazó los reclamos de la defensa y declaró legal la captura de los uniformados.

Los abogados de los oficiales, en primera medida, señalaron un conflicto de jurisdicciones solicitando que el caso pasara a manos de la Justicia Penal Militar, según ellos, porque los hechos se acercaban más a esa jurisdicción. Según esto, la juez de control de garantías de la justicia ordinaria debía declararse impedida, pero la togada rechazó este conflicto de jurisdicciones y, de hecho, avaló y legalizó la captura del teniente coronel Gamboa y sus subalternos.

Por otro lado, la defensa señaló ante la juez que la captura de sus clientes, hecha por la Fiscalía, sobrepasó lo establecido por la ley. Según ellos, se cumplieron las 36 horas exigidas por la ley para presentar a los capturados ante un juez y, además, expresaron que los oficiales no fueron notificados apropiadamente sobre los hechos que determinaron sus capturas, razones por las que solicitaron que la captura se declarara ilegal, cosa que no pasó.

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