Madres de Soacha piden a los militares imputados por la JEP hablar sobre sus superiores

Este martes la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a 10 militares y a un civil por los llamados ‘falsos positivos’ cometidos en el Catatumbo, entre enero de 2007 y agosto de 2008. Algunos de esos casos se dieron trasladando a jóvenes engañados desde municipios como Soacha (Cundinamarca), dando a conocer el caso de las Madres de Soacha, quienes han luchado por justicia durante todo este tiempo.

De hecho, algunas de ellos se pronunciaron tras el anuncio de la JEP calificando el Auto y la imputación como un espacio para conocer la verdad. “Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas”, dijo a Efe la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo.

También habló Idalí Garcera para La FM, ella perdió a su hijo Diego Alberto Tamayo por los falsos positivos en 2008 cuando fue presentado como baja en combate en Ocaña (Norte de Santander): “Que se sepa absolutamente la verdad, de como sucedieron las cosas, los que de verdad dieron esas ordenes, porque eso no fue un error, eso fue un horror lo que hicieron acabar con nuestros hijos”, aseveró.

“Creería que estas once personas que están siendo imputadas no pueden seguir negando estos hechos. Son hechos muy claros, ha sido un trabajo bastante riguroso que ha hecho la JEP que hoy está dando estos excelentes resultados y la aspiración que tenemos es que ellos reconozcan estos crímenes y podamos conocer la verdad de todo esto”, aseguró Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, quien fue encontrado en una fosa común de Ocaña junto a otros cinco cuerpos.

La imputación

La Sala hizo la imputación de crímenes de guerra a un Brigadier General, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, a un cabo, y a un tercero civil en el subcaso de Norte de Santander y el Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008 que dejó al menos 120 víctimas mortales.

“Estas personas son acusados penalmente del crimen de guerra por homicidio en persona protegida conforme al código penal colombiano. Actuaron siendo conscientes de que era un crimen y también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad”, señaló la magistrada Catalina Díaz.

Las personas son:

Brigadier general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada 30

Coronel Santiago Herrera Fajardo, antiguo comandante de la Brigada Móvil 15

Coronel Ruben Darío Castro, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15

Teniente Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña

Teniente Coronel Gabriel de Jesús Rico Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN

Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del batallon de Infantería Francisco de Paula Santander

También hubo imputación contra antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA):

Capitán Daladier Rivera Jácome

Sargento segundo Rafael Urbano Muñoz

Sargento Segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, jefe de la sección de inteligencia del BISAN

Cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15

Y contra un tercero civil: Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares. En este caso el civil fue imputado como coautor por desaparición forzada y asesinato.

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