El pasado martes 6 de julio, los colombianos conocieron un nuevo escándalo que pone en juicio la imagen de la fuerza pública en el país. Fueron capturados un coronel y cinco suboficiales adscritos a la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, acusados de secuestro simple, tortura agravada y concierto para delinquir.
Tras su captura, los abogados de los oficiales hicieron varios alegatos señalando que sus clientes no habían sido capturados bajo el panorama legal; sin embargo, en las últimas horas una juez de control de garantías rechazó los reclamos de la defensa y declaró legal la captura de los uniformados.
Se indicó que los uniformados involucrados son el teniente coronel Gavino Humberto Gamboa Correa, jefe de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Dirección de Tránsito de la Policía; el intendente Johnatan Giraldo Aguilar, los subintendentes Jhon Fredy Velandia Mesa y Sandra Liliana Martínez Chacón, y los patrulleros William Eduardo Pérez Roncancio y Juan Diego Gañán Castaño. Así mismo, se reveló que los hechos que incriminan a estas seis personas habrían ocurrido el jueves 29 de abril.
“La Policía, en trabajo articulado con el ente acusador, se encargó de adelantar las respectivas investigaciones y el procedimiento de captura. Adicionalmente, al proceso penal, en cabeza de la Fiscalía, que determinará el grado de responsabilidad de los uniformados, la Policía abrió las correspondientes investigaciones disciplinarias para esclarecer lo ocurrido”, aseguró el mayor general Juan Alberto Libreros Morales, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
Los abogados de los oficiales, en primera medida, señalaron un conflicto de jurisdicciones solicitando que el caso pasara a manos de la Justicia Penal Militar, según ellos, porque los hechos se acercaban más a esa jurisdicción. Según esto, la juez de control de garantías de la justicia ordinaria debía declararse impedida, pero la togada rechazó este conflicto de jurisdicciones y, de hecho, avaló y legalizó la captura del teniente coronel Gamboa y sus subalternos.
Por otro lado, la defensa señaló ante la juez que la captura de sus clientes, hecha por la Fiscalía, sobrepasó lo establecido por la ley. Según ellos, se cumplieron las 36 horas exigidas por la ley para presentar a los capturados ante un juez y, además, expresaron que los oficiales no fueron notificados apropiadamente sobre los hechos que determinaron sus capturas, razones por las que solicitaron que la captura se declarara ilegal, cosa que no pasó.
Según las autoridades, los uniformados señalados habrían realizado un allanamiento con una orden fraudulenta y habrían retenido ilegalmente a un ciudadano. Datos preliminares indican que el teniente coronel Gamboa fue quien lideró esta acción, que viola los lineamientos de la Policía, al parecer, en forma de venganza.
La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, indicaron que todo inició a mediados de abril, cuando delincuentes ingresaron a la casa de Gamboa y le robaron varias pertenencias de valor. Posteriormente, el teniente logró identificar a los responsables y decidió ir con cinco de sus subalternos a hacer justicia por su cuenta, sin contar con que la situación se daría a conocer y todos los uniformados serían procesados por abusar de su poder.
“Los hechos por los que son investigados habrían ocurrido el 29 de abril, al parecer, derivados de un presunto hurto cometido por un particular en la residencia de uno de los uniformados detenidos”, dijo el mayor general Libreros.
Al parecer, en medio del allanamiento y la detención ilegal del ciudadano que presuntamente robó al teniente, esta persona logró escapar y se dirigió al CAI más cercano. Allí, el hombre denunció al teniente y los uniformados que hicieron el registro del caso lo informaron a la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía, a la que pertenecen los hoy capturados, y se emprendieron las acciones correspondientes.
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