“Ciberpatrullaje” y Censura, las consideraciones de la CIDH sobre el internet en las protestas sociales de Colombia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles un informe con observaciones y recomendaciones para Colombia luego de su vista entre el 8 y el 10 de junio al país donde pudo verificar la situación de derechos humanos en medio de las protestas sociales del paro nacional.

La CIDH presentó un documento de 48 páginas con diferentes consideraciones y sugerencias al Estado Colombiano luego de identificar durante los días de su vista las posibles vulneraciones a los derechos humanos en medio de las protestas sociales en contra del gobierno de Iván Duque.

Dentro de las observaciones que hizo el organismo internacional se refirió al internet como espacio de protesta en medio de las manifestaciones del paro nacional, asegurando que internet es una herramienta fundamental para el acceso a la información y un catalizador del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.

En ese sentido, señaló que durante las movilizaciones sociales internet le ha permitido a los ciudadanos hacer denuncias abiertas y comunicar diferentes hechos, en algunos casos en tiempo real, como el exceso del uso de la fuerza por parte de miembros de la fuerza pública, convirtiéndose en un instrumento primordial para facilitar y nutrir las deliberación pública y las denuncias de violaciones de derechos humanos.

“A pesar del potencial de Internet, y su rol para amplificar las voces en el debate público, la CIDH recibió con preocupación denuncias que deben ser investigadas sobre presuntas medidas estatales que podrían cercenar las libertades en este medio. Según la información entregada por distintos actores, dichas acciones estarían siendo emprendidas por criterios subjetivos en vez de parámetros objetivos, legítimos y transparentes, conforme a estándares internacionales de derechos humanos”, indicó en el documento la CIDH.

En ese sentido, advirtió una “generalizada percepción” sobre posibles censuras y excesos de algunos discursos a través de internet que podrían afectar el debate público y las interlocuciones de la sociedad civil y de las instituciones sin importar su posición frente a la protesta que cumplió dos meses una semana en el país.

Con relación a esto, el organismo manifestó que recibió información sobre actividades de ‘ciberpatrullaje’ orientadas al monitoreo de contenidos supuestamente falsos sobre el desarrollo de las movilizaciones, desprestigio de la imagen de la fuerza pública, así como la incitación al odio público, con el fin de clasificar información falsa y verdadera y de esta forma combatir presuntas actividades de “terrorismo digital”.

“Durante la visita, el Estado reportó que se adelantaron 21.675 horas de ‘ciberpatrullaje’ y que se identificaron al menos 154 noticias falsas y más de 2.300 publicaciones que contienen amenazas a la vida o la integridad física116. 177. En este sentido, la Comisión observa con preocupación que las fuerzas de seguridad se estarían abrogando facultades de chequeo de información, clasificando estos contenidos como verdaderos o falsos. Esto resulta especialmente preocupante cuando la información que categoriza corresponde, en su mayoría, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad”, advirtió la CIDH en el informe.

Por tal razón, hizo un llamado a estas entidades a dejar de discriminar este contenido e hizo la invitación de aportar información sobre este tema evitando de esta manera caer en prácticas de censura. Asimismo, aseguró que las autoridades denunciaron que algunos ciudadanos estarían publicando información que contiene, bajo su criterio, mensajes de “odio” y de “incitación a la violencia”, razón por la cual la CIDH los invitó a hacer las denuncias para que se adelanten las investigaciones.

Por otra parte, el organismo señaló que recibió información acerca de interrupciones del servicio de internet en medio de las protestas, lo que habría representado un obstáculo para denunciar vulneraciones por parte de la fuerza pública a los ciudadanos, en estos casos se denuncia el uso de tecnología dirigida a inhibir o restringir la señal de internet, así como el bloqueo de páginas que contenía información de las manifestaciones.

“La CIDH recomienda que estas restricciones de acceso a las redes, servicios y contenidos de Internet, tanto por medio del uso de tecnología con capacidad de alterar su acceso habitual, como por decisiones de restricción de acceso a contenidos, deben de estar previstas por una ley; perseguir un objetivo legítimo, necesario y estrictamente proporcional al fin que persiguen, así como estar sujetas al control judicial”, expresó la CIDH.

Por último, hizo un llamado al Estado para que ofrezca de manera periódica información sobre el funcionamiento del internet con la intención de contrarrestar, si es el caso, las denuncias de los ciudadanos frente bloqueos e interrupciones de la red con información técnica, actualizada y accesible.

“De igual forma, recomienda que las autoridades se abstengan de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan sobre las protestas a través de Internet”, concluyó el organismo.

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