A pesar de la recomendación de la CIDH, la Policía se quedará bajo las ordenes del Ministerio de Defensa

Más se tardó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en formular sus recomendaciones que el Gobierno colombiano en rechazarlas. A las declaraciones ofrecidas esta tarde por el presidente de Colombia, Iván Duque, se le sumaron recientemente las del ministro de Defensa, Diego Molano, quien expresó que no se apegara al llamado de la CIDH para sacar a la Policía Nacional y al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de su jurisdicción.

Es que, para el organismo internacional, con la salida de ese ministerio se debe “garantizar un entrenamiento que consolide la preservación de la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos”. Por su parte, la presidenta de la entidad, Antonia Urrejola, dijo que la recomendación de separar a la Policía y al Esmad del ministerio busca que, “se evite una visión militar en la Policía” y que más allá de dicha acción, quieren es que se cumplan los mínimos de respeto y seguridad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Comisión pudo confirmar que en el país sí hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la institución, incurriendo en repetidas ocasiones en la toma de decisiones letales contra la población manifestante. No por nada hay 4.687 denuncias de violencia policial, incluidas 1.617 de violencia física, 28 de violencia sexual y 44 de violencia homicida por parte de la policía según Temblores ONG.

Sin embargo, Molano afirma que el cambio de dependencia “es una decisión de nuestra Constitución, del constituyente primario que nuestra policía siempre ha tenido, tiene y tendrá un carácter civil y así fue establecido en la Constitución, en las cuales hay soberanía en las discusiones que debe dar el país y por lo tanto la Policía se mantendrá en el Ministerio de Defensa”.

Otros argumentos empleados por el funcionario apuntan a que las cosas no han ido muy bien para el Gobierno nacional cuando dicha institución depende de otras carteras como el Ministerio de Gobierno, antes de 1958, pues la institución termina politizándose y llevando a brotes de violencia; o el hecho de que en el país todavía se vive un contexto de violencia de cuenta del narcotráfico, las bandas criminales, las disidencias y las guerrillas.

“En Colombia aún tenemos una violencia que amenaza de forma grave muchas regiones del país y mientras este esa amenaza persista, necesitamos de una policía tal y como la tiene Colombia, única en el mundo, una policía multifuncional que tiene objetivos de seguridad ciudadana, de lucha contra el narcotráfico, contra el contrabando, y objetivos de protección individual a grupos de población como los niños, jóvenes y adolescentes”, aseguró.

Valga señalar que, no hubo referencia a otras recomendaciones como tomar medidas urgentes, en ámbitos de formación, utilización de protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, que promuevan que el Esmad cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios.

No obstante, las mismas ya fueron abordadas por medio del proyecto de restructuración, que busca transformar a la Policía colombiana por medio, entre otras cosas, de programas académicos propios enfocados en el manejo y la protección de los derechos humanos; así como la actualización tecnológica de la misma gracias a cámaras corporales que permitirán llevar registro de cada actuación policial o drones que facilitarán ciertas tareas de vigilancia.

De esta manera se buscaría cumplir con las palabras de Urrejola, quien señala que, “para la Comisión, más allá de las formas estructurales, lo más importante es que la Policía cumpla con los protocolos y estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos relación con la protesta, y que se evite una visión militar respecto del rol que tienen la policía en relación con el orden público y la seguridad ciudadana, y sobre todo con la protesta social”.

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