“Seguiremos apoyando a los miembros de la primera línea”: abogado Del Río

Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre lo que observó en su visita a Colombia en medio del paro nacional y de decenas de denuncias por violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

En el informe, la comisión le pide al Gobierno nacional que no prohíba de manera ‘a priori’ los bloqueos (cortes de ruta) como parte de las protestas. En respuesta, el presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó que la CIDH justificara, de alguna forma, los bloqueos que se presentaron en varias ciudades y que dejaron como saldo, incluso, pérdidas humanas.

“Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un Gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía”, precisó Duque.

Y agregó: “Pero los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la Ley, y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la Ley les otorga”.

Ante este pronunciamiento, el abogado Miguel Ángel del Río señaló en su cuenta de Twitter que desde la primera línea jurídica seguirán defendiendo a los jóvenes que son imputados por terrorismo. “Seguiremos apoyando a los miembros de la primera línea con determinación. El verdadero terrorismo proviene del estado quien utiliza el poder punitivo para perseguir a la juventud. Utilizaremos también el código penal para protegerlos”, dijo.

La primera victoria de la primera línea jurídica

El pasado 12 de junio, tras varias horas de audiencia, el juez 30 de control de garantías de Palmira declaró ilegal la detención de 19 jóvenes el pasado 5 de junio, en horas de la madrugada, en el sector la Y de Llanogrande, al considerar que el bloqueo de esta zona no perjudicó la movilidad, ya que existieron vías alternas y no se presentaron ataques ni destrucción a vehículos.

Esta determinación se logró gracias a la defensa que ejercieron un centenar de abogados que conforman el denominado grupo ‘primera línea jurídica’, el cual se conformó a raíz de las manifestaciones que se iniciaron en Colombia y, posteriormente, por la detención de manifestantes que no tenían posibilidad de contratar una defensa ante supuestas acusaciones por hechos vandálicos.

De acuerdo con lo informado por Noticias Uno, el día de las detenciones, en el lugar de bloqueo, se inmovilizaron cinco motocicletas, se encontraron bombas molotov y capturaron a 19 jóvenes de la primera línea. Sin embargo, pese a que dichas detenciones fueron dadas a conocer por el ministro de Defensa, Diego Molano, como un logro, un juez declaró ilegal la captura y los dejó en libertad.

La realidad era que las 19 personas que estaban en el lugar de los hechos, en su mayoría eran habitantes de calle que estaban esperando una olla comunitaria que les proporciona desayuno gratis. También entre los capturados, había una mujer embarazada que iba para Cali a una cita médica. Con estos argumentos el juez de control de garantías declaró ilegal las detenciones.

En medio de la diligencia se demostró que no había pruebas que señalaran a los detenidos como autores de los delitos y que en la mayoría de los casos, incluso fueron golpeados por los mismos policías que hicieron las capturas.

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