Lanzador Venom es “menos letal” y se mantiene su uso por sentencia del Tribunal Superior de Bogotá

Durante las manifestaciones del Paro Nacional, cuya primera jornada se llevó a cabo el pasado 28 de abril, un arma utilizada por el Esmad llamó la atención: el lanzador Venom. Aunque el artefacto no es nuevo, su uso en las protestas del estallido social colombiano sí fue sorpresivo para la ciudanía. La ejecución del lanzador generó polémica tras las denuncias de la comunidad, y de defensores de los derechos humanos, que aseguraban que los proyectiles que se disparaban desde las tanquetas podrían ser peligrosos para la vida de los manifestantes, sin embargo, y bajo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, esta arma podrá seguir siendo utilizada por la fuerza pública, en la capital del país.

El lanzador Venom es un aparato que se ubica sobre los automotores del Esmad y que dispara múltiples proyectiles de disuasión. Tiene la facultad de disparar hasta 30 proyectiles, principalmente, uno de 37 milímetros, utilizado para el aturdimiento, que tiene en su interior cuatro submuniciones que, al momento de ser activadas, generan un destello de luz y sonido.

Al evidenciarse su uso generalizado para dispersar manifestaciones y desmanes en diferentes zonas del país, diversas organizaciones, como Temblores ONG y Human Rights Watch, buscaron detener su uso y denunciaron el lanzador como ‘peligroso’ por el riesgo que significaba para la integridad y salud personas.

Aunque en Popayán, recientemente, una jueza prohibió el uso del lanzador Venom, en Bogotá no sucedió lo mismo, y el Tribunal Superior de la ciudad desestimó las pretensiones de una tutela de la concejal Heidy Sánchez Barreto, quien había solicitado detener el empleo del arma para garantizar los derechos a la protesta en la capital.

El alto Tribunal aseguró que el arma está “clasificada dentro de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, que no produce un impacto directo a la ciudadanía”, como aparece en el inventario de la Policía Nacional. Así mismo, el juez consideró que el lanzador Venom es únicamente utilizado por agentes del Esmad y su uso está regulado, una situación que no ha sido desconocida por la fuerza pública, de acuerdo con el Tribunal, y “que tampoco probó la tutelante”.

El juez desestimó que los argumentos de la jueza en la capital del Cauca puedan extenderse a Bogotá, debido que allí sí se probó un abuso del lanzador Venom al emplearse desde tierra; mientras que en la capital del país no se ha probado un uso generalizado o desproporcionado del aparato.

Finalmente, el Tribunal de Bogotá aseguró que la Defensoría del Pueblo prepara un análisis del uso del lanzador por parte del Esmad, y la autoridad judicial no podría tomar decisiones sobre conductas que no han sido probadas.

En ese sentido, el Tribunal negó la tutela de la concejal Barreto Sánchez y mantuvo el uso del lanzador bajo la regulación vigente que exige que se emplee desde una posición elevada del piso, y sin dirigir las detonaciones contra el cuerpo de las personas.

“Se habla de que existe un reglamento, sin embargo los heridos, las personas que han perdido o han sufrido grandes lesiones oculares nos dicen todo lo contrario. Respetamos completamente la decisión que se toma en primera instancia y vamos a presentar una impugnación a este fallo”, señaló la concejal Sánchez en Noticias Caracol.

Será entonces el Consejo de Estado quien defina la conclusión de la demanda para suspender el uso del lanzador Venom, al menos durante las manifestaciones en Bogotá.

En Popayán un grupo de personas interpuso una tutela, con los videos verificados por Human Rights Watch, con la que buscaron garantizar sus “derechos fundamentales a la vida, integridad física y personal, seguridad personal, convivencia pacífica, la paz, la salud y medio ambiente”. La decisión sentó un precedente que no sólo motivó a habitantes de otras ciudades a hacer lo propio, sino que levantó una serie de ataques y comentarios desobligantes en contra de la funcionaria.

La representante judicial llegó a denunciar amenazas en su contra después de ordenar la suspensión del Venom que deberá mantenerse hasta que la Policía Nacional no expida claramente un uso adecuado y recomendable del aparato.

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