Tres militares colombianos habrían usado documentos falsos para pensionarse

Los papeles le fueron suministrados a los uniformados por una red delictiva que, según la Fiscalía, hasta la fecha le ha generado al Estado un detrimento superior a 3.100 millones de pesos.

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John Jáder Mena Hinestroza de
John Jáder Mena Hinestroza de 47 años fue sentenciado a 42 años de prisión tras el feminicidio de su hijastra / (Colprensa).

En la tarde de este domingo, 4 de julio, la Fiscalía General de la Nación informó que identificó a tres miembros del Ejército Nacional que habrían falsificado documentos para recibir indemnizaciones y pensionarse. Los señalados son el mayor Óscar Fabián Silva Huérfano, el teniente Andrés Felipe Pérez Ceballos y el sargento Danilo José Cervera Herrera, todos ya retirados de la fuerza pública y con cargos imputados.

“La Fiscalía continúa las acciones judiciales para identificar y judicializar a las personas que estarían involucradas en el presunto reconocimiento irregular de indemnizaciones y pensiones de jubilación a militares que no cumplían los requisitos de ley. En una nueva etapa investigativa fueron detectados tres uniformados en retiro que habrían acudido a los servicios ilícitos de una red delictiva”, informó el ente acusador en un comunicado de prensa.

Se detalló que, al parecer, los documentos que falsificaron Silva, Pérez y Cervera son historias clínicas, exámenes médicos y otros documentos que certificaban, ilegalmente, disminución física. Estos elementos hacen parte del material de prueba que ha armado la Fiscalía para argumentar el caso.

En el caso del sargento (r) Cervera, quien apenas tiene 32 años, ya está pensionado porque acreditó una disminución del 72 por ciento de su condición física en comparación con su estado al ingresar al Ejército. Esta información fue soportada por el hombre con exámenes de ortopedia, fonoaudiología y psiquiatría que serían falsos y para los que habría pagado 18.’000.000 pesos a la organización criminal que lo ayudó.

Es de mencionar que por esta situación, Cervera recibió una indemnización de 99.000.000 de pesos. Además, tenía una pensión vitalicia por 1.350.000 pesos al mes, y desde que se le asignó hasta mayo de 2020 recibió una renta de 85.000.000 de pesos.

Por su parte, el mayor (r) Silva Huérfano recibió 186.000.000 de pesos por prestaciones sociales y 196.000.000 de pesos por concepto de jubilación después de haber presentado papeles falsos de ortopedia, neuropsicología y electromiografía que indicaban una disminución de su capacidad laboral de un 70,53 por ciento. Esto ocurrió en julio de 2015.

“En las verificaciones se constató que estos dineros le fueron reconocidos al oficial con diagnósticos falsos de ortopedia, neuropsicología y electromiografía. Por estos documentos la red delincuencial habría recibido el 80 por ciento de la indemnización”, dijo la Fiscalía.

Respecto al teniente (r) Pérez Ceballos, hay indicios de que le fue acreditada una disminución física de 66,05 por ciento, soportado con exámenes falsos de ortopedia, audiometría, tonal seriada y urología. Con estos documentos, el hombre logró que se le asignara una mesada vitalicia a los 32 años, con una indemnización de 61.000.000 de pesos y una pensión, a mayo del año pasado, por 151.000.000 de pesos.

Por lo anterior, la Fiscalía asegura que Silva, Pérez y Cervera ya fueron presentados ante un juez de control de garantías que les imputó cuatro cargos: estafa agravada, fraude procesal, falsedad material en documento público, y falsedad ideológica en documento privado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

Es importante mencionar que, según la Fiscalía, estas no serían las únicas personas que habrían incurrido en estos delitos. Por estos hechos, y cerca de 27 eventos más, la Fiscalía ha judicializado a los señalados cabecillas del grupo ilegal, entre ellos un capitán en retiro, una exfuncionaria del Ministerio de Defensa, tramitadores, financiadores y un médico. Con la emisión de soportes médicos falsos, los delincuentes habrían inducido a error a distintas instancias públicas y generaron al Estado un detrimento superior a 3.100 millones de pesos.

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