Hasta organismos internacionales tuvieron que recurrir los líderes estudiantiles de Popayán (Cauca) que fueron señalados por el ministro de Defensa, Diego Molano, de estar detrás de los ataques vandálicos del pasado 15 de mayo en los que fueron incendiados la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y la sede de Medicina Legal de esa ciudad del suroccidente colombiano, todo en medio de una de las jornadas de protesta del paro nacional.
En una nota que emitieron en el informativo de televisión Noticias Uno, entrevistaron a José Daniel Gallego, defensor de Derechos Humanos de la Universidad del Cauca, quien aseguró que desde que el ministro Molano ofreció una recompensa por los supuestos vándalos, en los que mencionó los sobrenombres de los estudiantes, están siendo víctimas de amenazas en su contra.
“Puso precio sobre nuestras cabezas generando riesgos para nuestras vidas y para nuestra integridad”, dijo Gallego, sobre lo ocurrido tras esas acusaciones del ministro.
En ese noticiero recordaron que Molano ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por unos supuestos jefes vandálicos que, según el funcionario, formaban parte de las disidencias de las extintas Farc y que fueron los responsables de los desmanes en la capital del Cauca, luego de que en esa ciudad se llevaran a cabo protestas por el caso de la adolescente Alison Meléndez, que se suicidó tras denunciar haber sido víctima de violencia sexual por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, en otra jornada de manifestaciones del paro nacional.
“Por parte de nuestra Policía Nacional, es claro que la primera hipótesis apunta a que integrantes de las disidencias de las Farc estarían detrás de este ataque con unos delincuentes ubicados en las comunas 5 y 6, por ello en Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas por estos actos vandálicos como alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Caleño. Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer este hecho y acto terrorista que afecta la ciudad y al institucionalidad”, aseguró Molano.
Sin embargo, casi que enseguida del anuncio del ministro, el gobernador de ese departamento, Elías Larrahondo, y el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, en una declaración conjunta tuvieron que solicitar una aclaración al gobierno Nacional, ya que el funcionario mencionó los sobrenombres de líderes estudiantiles que no tenían relación con los desmanes en esa ciudad.
“Solicitamos que se aclaré el comunicado referido como quiera que los alias mencionados coinciden con seudónimos que corresponden a líderes sociales reconocidos por la organizaciones”, dijo el gobernador.
Desde entonces se ha complicado la vida de José Daniel Gallego, vocero de los estudiantes de la facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, lo que lo ha obligado a tener que desplazarse dentro de la misma ciudad por las amenazas en contra de su vida, al igual que algunos de sus compañeros, a quienes les han enviado panfletos ordenándoles abandonar su activismo o exponerse a las consecuencias.
“Les dan 24 horas para levantar el mecanismo de presión que tenemos ahora como estudiantes en el que nos hemos sumado al paro nacional”, dijo Gallego.
Esta situación provocó que el líder del movimiento estudiantil de Popayán recurriera a organismos internacionales, ya que pese a las aclaraciones que hizo en ese caso el gobernador del Cauca y alcalde de Popayán, aún está vigente la recompensa.
“Se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte medidas cautelares de protección a nuestras vidas”, agregó Gallego.
En Noticias Uno indicaron que a pesar de que sus vidas están corriendo riesgo, estos líderes estudiantiles decidieron no salir de Popayán y continuar con su activismo.
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