Las conclusiones que ha obtenido misión de parlamentarios de Cataluña (España) sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el paro

Desde el pasado fin de semana se encuentra en el país una delegación de representantes de organizaciones sociales y parlamentarios de Cataluña (España) que forman parte de la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia quienes preparan un informe sobre la situación de derechos humanos tras las protestas del paro nacional, que entregarán con recomendaciones al Parlament catalán, al Congreso de los Diputados de España y al Parlamento de la Unión Europea.

Entre las primeras impresiones que se han llevado en su recorrido por Bogotá y Cali señalan que las protestas en Colombia y la respuesta que ha dado el gobierno del presidente Iván Duque a ellas han visibilizado “violencias estructurales” y “la situación de una juventud sin expectativas de futuro digno”.

La misión que termina este sábado su visita a Colombia, y que integran parlamentarias de partidos catalanes de izquierdas y miembros de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se reunieron con organizaciones como el Comité Nacional del Paro y ONG como Temblores e Indepaz, que están denunciado los abusos policiales.

“Las movilizaciones sociales del Paro Nacional han visibilizado las violencias estructurales y la situación de una juventud sin expectativas de futuro digno y que ha sufrido una represión especialmente virulenta”, expresó la delegación en comunicado.

Según las últimas cifras de Temblores e Indepaz, hasta el 26 de junio y sobre todo en las primeras semanas de las movilizaciones, se produjeron 75 asesinatos en el marco del paro nacional, de los cuales 48 atribuyen directamente a la fuerza pública, además de 83 víctimas de violencia ocular y más de 1.800 detenciones arbitrarias.

“Es necesario que organismos como Naciones Unidas exhorten al Estado colombiano a que termine el despliegue policial en las calles de Colombia”, afirmó María Dantas, diputada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, durante una rueda de prensa en Cali, epicentro de las manifestaciones.

El Gobierno colombiano, que pide a la comunidad internacional tener cuidado con las cifras, reduce a 25 los muertos en las protestas y asegura que solo tres homicidios tienen “participación de la Policía”.

Sus recomendaciones

La diputada Aurora Madaula, de Junts per Catalunya, señaló que la misión pretende verificar la situación de defensa y garantía de derechos humanos en Colombia.

“Alerto de la respuesta ilegítima por parte de un Estado represor que ha actuado con violencia para reprimir una situación de protesta”, aseguró.

Con ella coincidió Basha Changuerra, diputada de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), quien dijo que: “Los movimientos sociales con los que nos hemos reunido coinciden en señalar que el presidente Iván Duque está llevando a cabo una militarización gravísima del país que se está traduciendo en una masacre de la población colombiana”.

Esto en referencia a la figura de “asistencia militar”, con la que soldados están desplegados en varias de las principales ciudades del país hasta que cesen los hechos que alteran el orden público y que comenzaron el 28 de abril.

Desde que comenzaron las protestas en el país contra el gobierno de Iván Duque, tras las denuncias que se han conocido de abusos de la Fuerza Pública en contra de los manifestantes, desde la comunidad internacional se han tenido una serie de reacciones con las que se están condenando las acciones que ha tomado el mandatario para controlar las movilizaciones sociales.

El pasado martes, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados español se aprobó, con el rechazo de la derecha, una iniciativa parlamentaria “instando al Gobierno español en 13 puntos muy claros (...) para que el Gobierno de Colombia cumpla el acuerdo de paz”, según explicó María Carvalho diputada de ERC.

Pero además, la Asamblea Capitolina de Roma aprobó un documento con el que se le solicita a la alcaldesa de esa ciudad, Virgina Raggi, que le pida al Parlamento italiano que la Unión Europea suspenda los acuerdos que tiene con Colombia, luego de que se conocieran los casos de excesos de la Fuerza Pública en contra de los manifestantes en las protestas.

A esto se suma la los condicionamientos que posiblemente impondrá el Congreso de Estados Unidos a las ayudas económicas de ese país a la Policía colombiana, iniciativa que se definirá próximamente en el legislativo norteamericano.

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