Consejo de Roma (Italia) condenó los excesos de la Fuerza Pública en el paro nacional de Colombia

Las denuncias de violaciones de Derechos Humanos durante las jornadas de protesta del paro nacional en Colombia contra el gobierno del presidente Iván Duque no paran de tener repercusiones internacionales, tras los condicionamientos que posiblemente impondrá el Congreso de Estados Unidos a las ayudas económicas de ese país a la Policía colombiana, las visitas de verificadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otra proveniente de Cataluña (España), ahora se suma la moción en contra del país por parte del Consejo Municipal de la capital italiana.

En un artículo del periódico El Espectador, se informó que la Asamblea Capitolina de Roma aprobó un documento con el que se le solicita a la alcaldesa de esa ciudad, Virgina Raggi, que le pida al Parlamento italiano que la Unión Europea suspenda los acuerdos que tiene con Colombia, luego de que se conocieran los casos de excesos de la Fuerza Pública en contra de los manifestantes en las protestas.

En el Consejo Municipal de Roma señalaron que las movilizaciones sociales en varias ciudades del país fueron reprimidas con una violencia desproporcionada por parte de la Policía colombiana, y que además se tenía conocimiento de homicidios de manifestantes, como también de violencia sexual en su contra.

“Hay videos e imágenes que atestiguan el uso desproporcionado de la fuerza policial. También hubo violencia sexual y agresiones contra mujeres. El más llamativo es el caso de una menor de edad que, secuestrada a la fuerza por miembros de la policía y agredida sexualmente, una vez que regresó a casa se suicidó”, citaron en El Espectador sobre lo que se debatió en el consejo romano.

En ese medio impreso también recordaron que en el pasado mes de junio, desde el Consejo de la capital italiana criticaron la función que han desempeñado los medios de comunicación colombianos sobre los hechos del paro nacional.

“Aunque los medios colombianos continúan absteniéndose de informar sobre la represión arbitraria y las violaciones sistemáticas por parte de las fuerzas del orden, muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado incansablemente la situación. Incluso la población colombiana, a través de las redes sociales, continúa día tras día exponiendo los hechos de extrema violencia a manos de la Policía y del Ejército”, afirmaron en ese momento los miembros de la Asamblea de esa ciudad.

La Asamblea Capitolina, con esta moción, le solicita a la alcaldesa Raggi que además de pedirle al Parlamento la suspensión de los acuerdos entre Colombia y la Unión Europea, que se envíe al país una comisión internacional con la que se verifiquen las denuncias de los manifestantes, para prevenir la impunidad en esos casos, y que además los gobiernos de Italia y de Colombia se comprometan a esclarecer también las circunstancias de la muerte del ciudadano italiano y colaborador de Naciones Unidas, Mario Pacciola, quien fue encontrado sin vida en San Vicente del Caguán, hace un año, cuando se realizaba labores de verificación de los avances del proceso de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano.

Congreso de EE.UU. condicionara ayudas a la Policía colombiana

El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio luz verde al Presupuesto de Operaciones Internacionales y Programas Relacionados del Departamento de Estado del país norteamericano, que entre otras cosas le asigna a Colombia un total de 461 millones de dólares para el periodo de 2022, con algunas condiciones conocidas, pero que ahora se extienden a la Policía.

Textualmente, el documento señala que “de los fondos apropiados por este acto bajo el titular ‘Control Internacional de Narcóticos’ (fondos para la Policía) y Financiamiento Militar Extranjero (Ejército) y que son para Colombia, el 30 por ciento solo podrá ser utilizado cuando el secretario de Secretario de Estado certifique y le reporte a este Comité”.

Es decir que el financiamiento que recibe la Policía, que se traduce en al menos unos 52 millones de dólares, queda atado al respeto de, los derechos humanos.

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