Condiciones al financiamiento de la Policía por parte de EE.UU ya tiene la primera aprobación en el Congreso

El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de ese país aprobó cuatro requerimientos que Colombia debe cumplir si quiere que la fuerza pública acceda a la totalidad de los fondos que se le destinan.

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En la imagen, Integrantes del
En la imagen, Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentan a en el sector de Usme, sur de Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Todo parece indicar que la Policía Nacional de Colombia si tendrá que cumplir con estándares más exigentes antes de poder acceder al dinero que gira anualmente Estados Unidos como parte de la colaboración bilateral en contra del crimen organizado y el narcotráfico. La idea, que se venía barajando desde que el paro nacional evidenció abusos de autoridad por parte de miembros de la fuerza pública quedó, este 1 de julio, un paso más cerca de ser aprobada.

Eso, luego de que el Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos le diera luz verde al Presupuesto de Operaciones Internacionales y Programas Relacionados del Departamento de Estado del país norteamericano, que entre otras cosas le asigna a Colombia un total de 461 millones de dólares para el periodo de 2022, con algunas condiciones conocidas, pero que ahora se extienden a la Policía.

Textualmente, el documento señala que, “de los fondos apropiados por este acto bajo el titular Colombia y que ahora también aplican para el 30 por ciento del presupuesto antinarcóticos. Es decir que el financiamiento que recibe la Policía, que se traduce en al menos unos 52 millones de dólares, queda atado al respeto de, los derechos humanos.

Textualmente, el documento señala que “de los fondos apropiados por este acto bajo el titular ‘Control Internacional de Narcóticos’ (fondos para la Policía) y Financiamiento Militar Extranjero (Ejército) y que son para Colombia, el 30 por ciento solo podrá ser utilizado cuando el secretario de Secretario de Estado certifique y le reporte a este Comité”

Después de todo, las condiciones indican que se debe demostrar que:

- Las autoridades judiciales, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), debe estar tomando acciones para procesar y castigar a los uniformados que cometan violaciones serias a los derechos humanos.

- El Gobierno nacional cuente con mecanismos y tome acciones para proteger de ataques a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil.

- Que existan medidas para proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas.

- Que los policías y militares que tengan investigaciones por violaciones a los derechos humanos sean retirados de la fuerza pública.

Estos puntos deberán ser comprobados por medio de una evaluación a cargo del Departamento de Estado de ese país, que a su vez deberá emitir una certificación y reportarla al mencionado Subcomité de Apropiaciones para que este abra la puerta al acceso de esos fondos por parte de las autoridades colombianas.

De esta manera, comienza a tomar forma la reiterada solicitud de limitar el acceso de la Policía colombiana a financiamiento y armas estadounidenses. La misma la habían hecho diferentes ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch —de hecho el director de esta última para las Américas, José Miguel Vivanco, sirvió de testigo en la audiencia en la que la subcomisión aprobó el presupuesto— y hasta congresistas de Colombia y Estados Unidos, incluido el representante demócrata Jim McGovern.

Valga recordar que, este último le dijo a la Agencia Anadolu el pasado 29 de junio que, “Hemos alentado a la administración de Biden a enviar una señal contundente al Gobierno colombiano de que estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Sugerí que suspendamos la asistencia de seguridad a Colombia, y ahora quiero asegurarme de que nada de nuestro dinero se vaya a la Policía Nacional, ya que se ha utilizado de la manera que hemos visto en los videos cuando la Policía está provocando a manifestantes inocentes y pacíficos”.

Con todo, no sobra señalar que esta primera aprobación no implica la luz verde para la idea. La misma depende en este momento de la aprobación por parte de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara de Estados Unidos y posteriormente de la plenaria de esa corporación. El último filtro sería la homologación del proyecto frente al que apruebe el Senado norteamericano.

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