Recientemente, un grupo de personas que defienden los derechos humanos en Bucaramanga y que se identifican bajo el nombre de Equipo Jurídico Pueblos, interpusieron una tutela en la que solicitaban a las autoridades la defensa del derecho a la manifestación pacífica, el respeto por la labor de los defensores de DD. HH. en las manifestaciones, así como también conocer la plena identificación de los uniformados que están presentes en las movilizaciones y el tipo de armas que utilizan.
El juez noveno de la ciudad aceptó las peticiones del grupo de personas y señaló que la Defensoría y Personería deben hacer una correcta veeduría de las movilizaciones en Bucaramanga, así como también exigió a la Policía de la ciudad que dé a conocer los nombres de los miembros de la fuerza pública encargados de ejercer control en las manifestaciones. Pero el juez no se quedó ahí, también señaló a las autoridades que deben informar nombre y cédula de aquellas personas que son capturadas o identificadas generando desorden público.
En el fallo, el juez explica por qué añade esta última decisión. “Identificando quiénes son los causantes de los desórdenes o actos vandálicos dentro de las manifestaciones y publicará los nombres completos con cédula en aras de que no se deslegitime la manifestación pacífica”, reza el documento.
Señaló también que el propósito de identificar a los sujetos que generan disturbios en medio de las marchas es que los actos de estas personas sean separados del actuar colectivo de los manifestantes pacíficos. El despacho detalla que hacer esta diferenciación es ideal en medio de las protestas recientes, para garantizar la legitimidad de las mismas, el derecho de los ciudadanos a la manifestación pacífica y evitar catalogar a todas las personas bajo los conceptos de manifestantes y vándalos como sinónimos.
Pero no solo se trata de que los oficiales de Bucaramanga informen de las personas que capturan por causar disturbios, sino de que hagan un informe detalla del proceso de captura, así como de los demás procedimientos que incluyen si la persona fue entregado a un juez de control garantías o solo amonestado. “Elaborar informes a los superiores por parte de los miembros de la policía que hagan acompañamiento en las protestas pacíficas sobre las acciones desarrolladas durante las manifestaciones adelantadas en la ciudad”, señaló el juez.
Por su parte, el grupo de personas que interpuso la tutela resaltó que uno de los puntos del fallo emitido por el juez noveno de Bucaramanga constituye “una pieza más para el desarrollo de un litigio estratégico que promueva el respeto y protección de las garantías constitucionales durante las movilizaciones”. Se refieren al apartado que exige a los uniformados que están atendiendo las movilizaciones portar de manera visible las identificaciones en los chalecos, placas, casco.
De la misma forma, el fallo de tutela insta a la entidad a instruir a sus funcionarios no sólo en derechos humanos, sino en el riesgo que implica el uso de elementos letales cuando están atendiendo una marcha y, dado el caso, en cómo deben usarse estos elementos.
“Capacitar a los miembros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y el ESMAD en ética y derechos humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de armas y dispositivos menos letales de acuerdo al Decreto 003 de 2021 y la jurisprudencia relativa al derecho fundamental de la protesta pacífica y no violenta”, detalló el juez en el fallo.
Por su parte, Miguel Ángel Sánchez, coordinador del área de defensa del equipo jurídico pueblos, señaló que es muy importante la decisión del juez en cuanto a la orden para las “Personerías para que soliciten al comandante de la policía metropolitana el listado de los comandantes jefes, las armas y dispositivos no letales que se emplearán en los acompañamientos de la protesta y que tengan la identificación, ha sido un problema saber cuáles son los que violan los derechos humanos”
Además, agregó que durante los dos meses del paro nacional, cerca de 20 personas que hacen parte del Equipo Jurídico Pueblos han sido insultadas o lesionadas por uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga o el Esmad.
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