Fiscalía pide condenar a dos exfuncionarios del gobierno Uribe por el caso de las ‘chuzadas’

En medio de una audiencia realizada este primero de julio en el Juzgado 56 Penal de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación determinó que dos funcionarios del gobierno del expresidente Álvaro Uribe están involucrados en el caso de las ‘chuzadas’ del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Los señalados corresponden al nombre de César Mauricio Velásquez, quien se desempeñaba como secretario de Prensa de la Casa de Nariño, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico.

Según Omar Bernal, fiscal del caso y quien hizo la solicitud de condena, hay pruebas suficientes que incriminan a Velásquez y Del Castillo. Señala que estos dos hombres tenían un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en 2007 y enredar al Estado con la parapolítica.

Hay que recordar que el Juzgado 56 Penal viene tratando este caso desde hace un tiempo. De hecho, el pasado 16 de junio, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso compareció ante el tribunal y aseguró que desde la administración de Uribe se adelantaron labores para desprestigiar a la Corte.

La versión de Mancuso indica que en ese momento (2007) lo contactaron para que hiciera llegar una foto o prueba en la que apareciera Giorgio Sale con algún magistrado de ese entonces y así enlodarlo. Además de Velásquez y Del Castillo, Mario Uribe, Santiago Uribe, José Obdulio Gaviria y Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra estaban tras el plan, afirmó Mancuso.

Según él, estos hombres buscaban que se nombrara una Corte ad hoc y a dedo dados los procesos que se estaban adelantando contra algunos funcionarios cercanos a Álvaro Uribe. Al parecer se quería presionar al alto tribunal para que cesaran las investigaciones. Mancuso señaló que muchas veces desde el Gobierno le cuestionaron algunas declaraciones en las que podía resultar salpicado Uribe en relación con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Además, indicó que estas presiones y la campaña de desprestigio que se quería montar también fue en contra de periodistas como Daniel Coronell y Hollman Morris, y otros comunicadores que apoyaban las investigaciones de la Corte contra políticos cercanos a Uribe Vélez. También dijo que para todo esto hubo alianzas entre la ‘Oficina de Envigado’, la Presidencia de la República y el antiguo DAS.

Al mismo tiempo, recordó que las chuzadas o interceptaciones ilegales fueron contra políticos, defensores de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema y otros periodistas “que eran incómodos para el gobierno”.

Esta versión fue negada por el expresidente Uribe, que, durante una audiencia contra Velásquez, realizada el 22 de junio, insistió en que la función del exsecretario de Prensa era el de mantenerlo informado de temas relacionados con las comunicaciones del palacio, y que el único contacto del mismo con el DAS se daba para elaborar y publicar comunicados de prensa relacionados con la labor de esa agencia. Lo anterior, para argumentar que Velásquez no tenía ni las facultades, ni la autoridad, ni aparentemente el sesgo moral para ordenar las chuzadas.

“Este es un problema político. Hombre, aquí lo que hubo fue una gran preocupación por esa acusación contra mi, nunca una intención de ir a afectar a la Corte Suprema. No se puede entender que yo, que soy un hombre deliberante, que delibero, que discuto, que busca opciones, por esa circunstancia estuviera persiguiendo a la Corte Suprema. Menos Cesar Mauricio Velásquez”, advirtió Uribe.

En cuanto a Del Castillo, él mismo se defendió en su juicio, que se realizó el 23 de junio, y dijo que fue víctima de un complot, porque las grabaciones que se hicieron con equipos del DAS ocurrieron antes de su llegada a la Casa de Nariño. El exfuncionario fue interrogado por los casos ‘Tasmania’, ‘Paseo’ y ‘Job’.

“Cuando yo hablo con el DAS nadie me dice nada, en conclusión yo me enteré de las grabaciones, las recibí en esa reunión, pero posteriormente fue que me enteré de que estas grabaciones se hicieron con equipos del DAS y que habían sido entregados sin ninguna autorización, incluso, antes de que yo llegara a Presidencia”, explicó el exsecretario jurídico.

Aunque la defensa de Velásquez y Del Castillo expusieron pruebas para argumentar su caso, estas no fueron suficientes y el fiscal Bernal determinó que los exfuncionarios deben responder por el delito de concierto para delinquir.

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