La Corte Suprema de Justicia ordenó la imposición de prisión domiciliaria a Juan José Acosta Ossio, rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro), tras revisar la impugnación de una tutela. El académico, junto al alto consejero de la institución, Albero Enrique Acosta, deberán cumplir la medida dictada por el alto tribunal.
El 9 de septiembre de 2020, en segunda instancia, el Juzgado Promiscuo de Galapa había revocado la medida impuesta a los dos hombres señalados por falsedad ideológica en documento privado. Según explicó el alto tribunal, el juzgado no tenía competencia para llevar a cabo la diligencia en la que no fueron invitadas las víctimas. “Ese despacho judicial no tenía competencia en virtud del factor territorial, para adelantar la diligencia, ni concurría circunstancia excepcional que facultara omitir ese mandato”, explicó el tribunal.
“...no existe ningún fundamento para que se restrinja la comparecencia de las víctimas a las audiencias efectuadas en sede de control de garantías de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento o su revocatoria, y aunque su asistencia no es obligatoria, es deber de la Fiscalía y del juez verificar que aquélla sea efectivamente enterada de la realización de tales diligencias”.
Por esa audiencia se compulsaron copias penales y disciplinarias para iniciar investigaciones sobre lo sucedido. Por este proceso están vinculados también dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla que, al parecer, habrían intentado ayudar al rector y a un familiar suyo, al exconsul honorario Luis Fernando Acosta Ossio, a quien el exsenador Eduardo Pulgar pretendía ayudar para llegar a la dirección de la universidad.
El caso Pulgar
El exsenador fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 58 meses y 25 días de prisión por tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho.
La Corte explicó que Pulgar deberá pagar su condena en la cárcel por tratarse de delitos contra la administración pública y no se considerará la prisión domiciliaria. El exsenador aceptó los cargos imputados y esto redujo su pena y pasó de 106 meses (más de 8 años) a cuatro años y 10 meses. También se le inhabilitó por 63 meses y 19 días para ejercer cargos públicos en el país.
El fallo de la Sala Especial de Primera Instancia explicó que “Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en favor de la familia Acosta, influencias ante el ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con las atribuciones legales y reglamentarias, y que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad”.
El alto tribunal también dijo que con la conversación grabada por el mismo funcionario judicial, “dan cuenta de la propuesta del exsenador mediante sutiles afirmaciones de las que claramente se entiende el alcance del ofrecimiento y de sus pretensiones (...) la transcripción de la conversación pone al descubierto un claro ofrecimiento de dinero”, declaran los magistrados.
El caso de Pulgar se destapó gracias a varias columnas que escribió el periodista Daniel Coronell y fueron publicadas en el portal Los Danieles.
La primera se tituló ‘Pulgarcito’ y allí Coronell aseguró que un congresista le habría ofrecido un soborno a un juez con el fin de ayudar a sus patrocinadores. “El senador se llama Eduardo Pulgar, es miembro del Partido de la U, y fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Ossio, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año”, escribió Coronell.
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