Presidente Iván Duque propone ley antivandalismo para diferenciar la protesta pacífica

El país completó el pasado 28 de junio dos meses de manifestaciones en medio del Paro Nacional, el levantamiento social civil más extenso de la historia del país. Aunque el presidente Iván Duque reconoció que la mayoría de movilizaciones fueron pacíficas, se centró en buscar una forma de limitar los actos vandálicos.

En medio del ascenso del director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, el presidente convocó a los miembros del Congreso de la República para que, en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio, se tramite un proyecto de ley que denominó “ley antivandalismo”.

“Hoy tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo. Y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos, en la próxima legislatura, a que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios”, sostuvo el mandatario.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Defensa sobre el balance del Paro Nacional, hasta el 16 de junio 464 establecimientos comerciales, 460 oficinas bancarias, 1.268 buses de servicio público, 242 estaciones de transporte público, y 112 vehículos particulares habían sido afectados en medio de las manifestaciones.

Entre los bienes afectados también se han registrado, a esa fecha, 161 estructuras gubernamentales y 26 monumentos, así como 118 CAI y 15 estaciones de Policía que habían resultado afectadas por acciones de vandalismo.

“Para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos. E invito también a que tengamos una discusión clara, responsable, democrática, participativa, deliberativa, donde nosotros podamos diferenciar claramente ante la sociedad lo que es y debe ser la protesta pacífica de cualquiera las formas de violencia que atentan contra esa actitud misma reconocida en la Constitución. Porque el vandalismo, los disturbios y el terrorismo urbano de baja intensidad son los enemigos del derecho a la protesta pacífica”, agregó el presidente Duque.

Desde la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, el jefe de Estado también rechazó “todas las formas de estigmatización” y reconoció que la mayoría de las protestas ocurridas durante los más de 60 días de Paro Nacional han sido pacíficas.

“La gran mayoría de protestas que hemos visto en nuestro país son pacíficas y por eso a quien ejerce su derecho pacíficamente de reclamar no le podemos llamar vándalo, ni mucho menos podemos tratar de utilizar epítetos, quien ejerce su derecho de protesta pacífica debe sentirse protegido en un Estado democrático”, señaló el presidente Duque.

Sin embargo, el mandatario fue enfático en que el proyecto de ley que propone al Congreso y anunció este miércoles para la próxima legislatura, es la condena del vandalismo. “A los vándalos que destruyen infraestructura, que destruyen transporte público, que pretenden secuestrar buses, que pretenden colgar cables, que ya han cobrado vidas en muchas de las calles, y obstruir, a ellos se les llama como son: delincuentes y se les enfrenta como son: delincuentes, sin que estemos buscándoles adjetivos reivindicativos”, puntualizó el mandatario.

Esta ley guarda relación con el decreto 003 de 2021, con el que el Gobierno ha buscado limitar los formas de manifestación, que fue modificado en las últimas semanas para establecer que “no constituyen manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanente vías o infraestructura, así como las que se convocan con fines ilegítimos, violencia, estigmatización y reitera el uso legítimo de la fuerza bajo principios de necesidad”, es decir, que prohíbe los bloqueos de vías como parte de la protesta social.

“Se reitera el uso legítimo de la fuerza bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida, y la integridad de las personas, bienes públicos y privados”, destacó el ministro del Interior, Diego Palacios, en esa ocasión.

Es de recordar que este decreto obedece a las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia en la que los y las accionantes solicitaron la protección de sus derechos a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, no ser sometidos a desaparición forzada y a las libertades de expresión reunión, circulación y movimiento.

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