En la escalada de violencia que sufrió Bogotá el pasado 29 de junio fueron agredidos periodistas que hicieron el cubrimiento del evento protocolario sobre la inminente segunda línea del Metro, que contó con el presidente de la República, la alcaldesa de la Capital y la ministra de Transporte.

Esta situación motivó a que la Fundación para la Libertad de Prensa sentara una posición crítica en torno a la respuesta oficial otorgada por la alcaldesa Claudia López con posterioridad a los acontecimientos.

Escribió la mandataria en su cuenta de Twitter que: “Rechazamos y tomamos medidas inmediatas sobre todo abuso de autoridad y acto de violencia. Lo ocurrido hoy en Suba es inaceptable. Los miembros del ESMAD que abusaron de la fuerza fueron retirados y entran en investigación inmediatamente. Bogotá y su ciudadanía Se Respetan!”.

La Flip respondió de manera tajante a la comunicación de López, rechazando los hechos de violencia contra la prensa y los comunicadores, así como exigió actuaciones oportunas de parte del Gobierno y los órganos de control en cuanto a la protección a la vida y a la seguridad de quienes informan.

Jonathan Bock, quien preside la Fundación, replicó de esta manera a López:

El trino de Bock citaba el pronunciamiento de la fundación, en cuyo texto se ahondó en los eventos por los que el periodismo colombiano ha estado en riesgo inminente durante el cubrimiento de las manifestaciones sociales en los dos meses que cumple el Paro Nacional:

“La Flip ha registrado, hasta el momento, 240 ataques a la prensa en medio del cubrimiento de manifestaciones. De estas, 138 son de la fuerza pública. Estos hechos son de extrema preocupación y evidencian las constantes y sistemáticas agresiones por parte de la Policía Nacional. Solicitamos a la Procuraduría que investigue estos hechos y sancione a los responsables. La fuerza pública tiene la obligación de garantizar y proteger la labor periodística, los precedentes disciplinarios que envíen un mensaje claro a quienes agreden a la prensa son indispensables”.

Pese a que López no respondió a Bock, lo cierto es que la Policía Metropolitana separó del cuerpo a los uniformados que abusaron de la fuerza en el episodio acaecido en Suba.

También se presentó una declaración del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien exigió a la Policía el inicio de las respectivas investigaciones:

“Es inaceptable que miembros de la fuerza pública abusen de su autoridad y que vulneren los derechos de los ciudadanos, y en este caso en particular que se afecte el ejercicio periodístico, que es una claro atentado contra la libertad de prensa”.

Las periodistas Kathy Sánchez y Alexandra Molina, de RCN Radio, Andrés Cardona y José David Rodríguez, periodistas de Blu Radio, fueron agredidos mientras cubrían los incidentes entre manifestantes y miembros del Esmad en el sector Fontanar del Río de la localidad de Suba.

Los comunicadores recibieron golpes y empujones, mientras Cardona sufrió un culatazo de un escopeta de dotación de la Policía.

El incidente es otro más de los choques violentos que sufre el país desde hace 60 días en el desarrollo del Paro Nacional.