Fiscalía declaró crimen de lesa humanidad la masacre de San Pedro en el año 2000

En 1999 los paramilitares, agrupados en el Bloque Calima, incursionaron en el Valle del Cauca e iniciaron un recorrido de terror para apoderarse del territorio, que en ese primer año dejó, al menos, cuatro masacres y más de una decena de muertos en diferentes municipios y miles de desplazados.

Una de ellas se extendió desde la mañana del 13 de septiembre de 1999 dos grupos del Bloque Calima se tomaron el corregimiento de Buenos Aires, en el municipio de San Pedro, para buscar a dos personas que habían sido señaladas como supuestos colaboradores de la guerrilla, el inspector de Policía y un agricultor.

De acuerdo con el diario El Espectador, los paramilitares reunieron en la mañana de ese día a un grupo de personas en la plaza del pueblo, a quienes citaron con nombre propio. De ellos, retiraron a Héctor de Jesús Sánchez, inspector, y a Luis Fernando Dávila, un albañil y agricultor, y los asesinaron con varios disparos.

Según el portal Verdad Abierta, la masacre fue cometida por grupos comandados por alias ‘Clavijo’ y ‘Perea’, quienes habían sido ordenados de cometer los asesinatos por alias ‘Román’.

“Los paramilitares también pintaron grafitis con mensajes antisubversivos, destruyeron las cabinas telefónicas y saquearon establecimientos comerciales y viviendas. Decenas de pobladores huyeron del pueblo por temor a represalias”, señala el informe del Bloque Calima de las AUC del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre esos hechos.

Después de la masacre, los paramilitares continuaron su recorrido por municipios y veredas de Tuluá, Bugalagrande, Palmira, Pradera y otros territorios en los que, por medio de masacres y asesinatos selectivos, buscaban imponer terror y controlar el territorio en más de 119 masacres que cometieron entre 1999 y 2004, el tiempo de su incursión en el departamento del Valle del Cauca.

Según el expediente de la Fiscalía, que citó el diario El Espectador, la masacre fue ordenada por Carlos y Vicente Castaño, los comandantes de las AUC, con la colaboración de Elkin Casarrubla Posada, alias ‘El Cura’, uno de los más sanguinarios del Bloque Calima.

Sin embargo, también está vinculado a la investigación el exalcalde de San Pedro, Célimo Bedoya, quien presuntamente auxilió a las autodefensas durante el tiempo que fue mandatario y ocurrieron los hechos. Fue acusado de concierto para delinquir, pero al momento de su indagatoria ya habían transcurrido 16 años desde la ocurrencia de los hechos.

De acuerdo con El Espectador, el cierre del caso del exalcalde, el ex tesorero y un conductor particular por concierto para delinquir, motivó una apelación de las víctimas, quienes manifestaron que el caso debía ser tratado como lesa humanidad y no prescribir.

Ese argumento fue acogido por la Fiscalía para determinar que esos dos homicidios hicieron parte de una “acción general y sistemática”, que finalmente permitió declarar el caso como lesa humanidad y mantener vigentes las investigaciones en contra de los imputados.

El Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), operó en el suroccidente de Colombia, entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, así como en municipios de Huila y Quindío. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, fue responsable de 119 masacres entre 1999 y 2004 y de 3.400 hechos de desplazamiento forzado individual y colectivo.

Sin embargo, la Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, considera que durante 1999 los desplazamientos en el Valle del Cauca pudieron ascender a 21.000 casos. Según el CNMH, esa primera incursión paramilitar contó con el apoyo de actores legales, quienes amenazados por acciones guerrilleras e interesados en la concentración de tierra y poder, auspiciaron las acciones del bloque Calima.

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