Congresistas de oposición envían informe de presuntos hechos de persecución a la Unión Interparlamentaria

Un grupo de nueve congresistas de la oposición en Colombia envió este martes un informe al secretario general del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP), en el que denuncian presuntos hechos de persecución que atentan contra sus funciones en el Congreso.

El grupo de parlamentarios que busca que se analice su caso en la UIP está conformado por Ángela María Robledo, María José Pizarro, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, Alexander López, Jhon Jairo Hoyos, Antonio Sanguino, Wilson Arias, Inti Asprilla de partidos y colectividades en oposición al gobierno de Iván Duque.

El grupo de legisladores solicitó a la organización internacional que interceda para que Estado colombiano adopte las medidas necesarias para que las actuaciones administrativas que adelanta el Ministerio Público en su contra cuenten con las garantías constitucionales y procesales.

En ese sentido, los congresistas argumentaron que estos procesos se abrieron al tiempo que se discutía y votaba un proyecto de ley que buscaba reformar el Ministerio Público y que había sido presentado por la misma procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, el cual “desconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro Urrego vs. Colombia”.

“En el informe, los congresistas denunciaron ser objeto de señalamientos en los que los tildan de ser ‘incitadores’ o ‘responsables’, no sólo de las movilizaciones sociales que ha realizado la ciudadanía desde el pasado 28 de abril, en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta social, sino de las presuntas alteraciones al orden público que se han presentado en algunas ciudades del territorio nacional”, señala el documento compartido por la parlamentaria Ángela María Robledo.

Por tal razón, presentaron ante el organismo internacional las acciones judiciales en su contra, dentro de las que se encuentran investigaciones judiciales y tutelas, la apertura de investigaciones disciplinarias por parte del máximo organismo del Ministerio Público que, según señalan, pretenden “deslegitimar” su ejercicio parlamentario y su defensa a los derechos humanos, que han sido presuntamente violentados por la fuerza pública en las protestas sociales.

Asimismo, presentaron pruebas al Comité de Derechos Humanos de la organización sobre presuntos casos de persecución por parte de miembros de la fuerza pública, que se han visto representados en hostigamiento, amenazas y violencia contra los políticos de oposición.

“Por otra parte, el informe señala la falta de independencia e imparcialidad de entes de control como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, cuyos cargos actualmente son ocupados por personas que tienen una relación cercana con el gobierno de Iván Duque, con sus posturas y su accionar”, indica el comunicado.

En ese sentido, indican que estas entidades del Estado se encuentran utilizando sus facultades para mermar el trabajo de la oposición en el Senado y la Cámara mediante “movimientos estratégicos que denotan el abuso de poder del Ejecutivo, como la complacencia y permisividad de parte de los organismos de control”.

Por último, el documento detalla cada uno de los presuntos casos de persecución, los cuales buscan que sean examinados y en ese sentido, se establezca una comunicación con el Estado colombiano que busque proteger los derechos políticos de los legisladores y les permita seguir con su correcto trabajo en el Congreso.

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