Concejal urge a administración distrital implementar toque de queda para recuperar la seguridad en Bogotá

Lucía Bastidas afirmó que esta medida permitiría desarticular estructuras criminales que han aprovechado el movimiento social para imponerse en la ciudad.

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Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y manifestantes se enfrentan durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, el 26 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Después de las manifestaciones del pasado 28 de junio en la capital, en las que la ciudad sufrió ataques que afectaron la seguridad, la infraestructura y la movilidad, voces en el Concejo demandaron acciones más contundentes para garantizar el orden público para evitar más daños y preservar la tranquilidad de los ciudadanos.

En ese sentido, Lucía Bastidas Ubaté (Partido Alianza Verde) aseguró que se debe adoptar el toque de queda, que cobije a ciertas zonas de la capital para disminuir la escalada de violencia que se presenta en la ciudad a dos meses del Paro Nacional.

Para ella, la orden reciente de la alcaldesa Claudia López de prohibir las aglomeraciones en el sector de Portal Américas y Suba es importante, pero es necesario ir “más allá” para contrarrestar el vandalismo que ha desdibujado las protestas.

De acuerdo con la cabildante del partido Alianza Verde, se debe combatir la delincuencia en las zonas de mayor conflicto, como lo son el Portal Américas, Portal Suba y el sector de Yomasa y Santa Librada, estos dos aledaños al Portal Usme.

Para Bastidas, es necesario reconocer las dinámicas de delincuencia organizada que se cita en grandes grupos para provocar destrozos, bloqueo de vías, peajes ilegales, así como intimidar a manifestante y comunidades.

Cabe recordar que el balance del 28 de junio dejó el secuestro de 8 buses, 8 buses troncales y 26 zonales vandalizados, así como daños y destrozos a la infraestructura simultánea en las tres localidades.

Así ha sido por dos meses, los vecinos no aguantan más. No basta una orden de prohibir aglomeraciones, porque como ya lo vimos ayer, no se toman en serio por los manifestantes. Se requieren decisiones de fondo que eviten que se presenten más daños, más heridos e incluso más pérdidas de vidas

Sostuvo Bastidas que es momento para que la administración distrital evalúe: “medidas alternativas como el toque de queda en los alrededores de Portales, garantizar la presencia de la Policía y de las entidades con su oferta social para todos, que si están pidiendo los vecinos; y que sean simultáneas, porque cuando se levantaron las aglomeraciones en Suba y Américas, se trasladaron a Usme”.

Desarticular estructuras violentas, el reto de la administración

Después del acto se desataron
Después del acto se desataron enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y el Esmad, cuerpo policial que está en el ojo del huracán debido a múltiples denuncias que los señalan de uso desmedido de la fuerza, especialmente durante las jornadas del paro nacional que comenzó hace dos meses. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Para Bastidas, quien pese a ser de la bancada de Gobierno ejerce posición crítica contra éste, se ha evidenciado que en esos sectores se cometen delitos, como tráfico de drogas, el secuestro de buses con pasajeros y conductores, abusos y acosos sexuales, además de que el flujo de armas ilegales se utilizan en los enfrentamientos contra el Esmad, por lo que una medida de este tipo lograría controlar estos vectores de violencia en la capital.

No obstante, señala, las evidencias demuestra una cierta indolencia por parte de la administración, cuando se hace más necesario contener la violencia en la capital.

“Es hora de por fin vincular a la inteligencia militar, que identifique a quienes propician, financian, abastecen estos actos vandálicos, y que se comiencen a generar responsabilidades disciplinarias, administrativas y penales contra estas personas”, indicó.

Bastidas destacó el más reciente pronunciamiento de la Fiscalía general de la Nación que anunció investigaciones a nivel nacional en contra de los responsables de la autodenominada Primera Línea que “a pesar de emitir comunicados donde aseguran que se han cometido delitos en sus territorios, todavía no asumen responsabilidades sobre lo que pasa en sus zonas de concentración”, concluyó Bastidas al ser preguntada por su iniciativa por parte del medio El Sía Radio, de Bogotá.

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