Algunas empresas en Colombia estarían usando los bonos de carbono para evadir impuestos

La organización internacional ‘Carbon Market Watch’ presentó los resultados de la investigación ‘Dos tonos de verde’, en la que se evidenciaría como algunas compañías de combustibles fósiles en Colombia estarían utilizando los créditos forestales para evitar los impuestos al carbono.

Esta investigación, desarrollada junto al Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), encontró que dos proyectos a gran escala estarían burlando las reglas del mercado del carbono en el país, debido a que presuntamente generan más créditos que la cantidad de reducciones de emisiones de carbono que logran.

Con estos créditos estarían evitando pagar los impuestos al carbono, amparados en la legislación nacional, lo que generaría que el Gobierno nacional no estuviera recaudando estos importantes montos en millones de dólares de los ingresos públicos.

“Este escándalo es otro ejemplo sorprendente de que los estándares del mercado de carbono no mantienen la integridad ambiental de los proyectos de compensación. Daña el clima, reduce los ingresos del Gobierno y amenaza la continuación de los pagos de financiamiento climático de los donantes internacionales”, indicó el oficial de políticas de Carbon Market Watch, Gilles Dufrasne.

En ese sentido, señaló que es común escuchar que el mercado voluntario de carbono contribuye a las naciones a ir más allá de los compromisos climáticos existentes, “pero en este caso ha socavado los esfuerzos nacionales”, aseveró el funcionario.

Los dos proyectos a gran escala que estarían exagerando su impacto en millones de toneladas de carbono, y que pretenderían reducir la deforestación en la Amazonía colombiana, son Kaliawiri REDD+ y Mataven REDD +, registrados bajo los estándares VCS de los Estados Unidos y ProClima en Colombia.

Estos proyectos habrían “vendido créditos de aire caliente a empresas de combustibles fósiles en Colombia que pueden adquirirlos como sustituto del pago de los US $ 5 nacionales. / tCO2e impuesto al carbono”.

A su vez, la organización internacional y la CLIP indicaron que el Ministerio de Ambiente de Colombia no estaría haciendo cumplir las reglas y permitiría que los desarrolladores de proyectos “jueguen con el sistema”. Estos proyectos voluntarios habrían vendido créditos por emisiones reducidas que se encuentran financiados por el Fondo Verde para el Clima, Alemania, Noruega y el Reino Unido.

“Este caso muestra que, aunque Colombia ha sido pionera en la creación de incentivos financieros para ayudar a las comunidades a preservar bosques valiosos, el sistema tiene muchas deficiencias, el gobierno no lo supervisa y no se fomenta la transparencia y la trazabilidad. Como resultado, los ciudadanos no tienen una forma fácil de entender si realmente estamos ayudando a resolver la crisis climática de esta manera. Es un tema en el que se necesita mucho más escrutinio público y periodismo de buena calidad”, aseguró Andrés Bermúdez Liévano del CLIP.

El informe también señala que el distribuidor de combustibles fósiles, Primax Colombia, habría utilizado casi la totalidad de los 5 millones de créditos que posiblemente infringen la legislación nacional, lo que habría resultado en la pérdida de $25 millones de pesos para el Gobierno nacional.

Asimismo, la investigación encontró que a la fecha se han aprobado cerca de 21 millones de créditos de aire caliente para estos dos proyectos, lo que representaría la parte visible de este problema, debido a que se encuentran otros 75 proyectos REDD+ registrados para vender créditos para el uso del sistema de impuestos del país.

Al respecto, Primax Colombia publicó un comunicado en el que recalcó que únicamente adquirieron “bonos de carbono del proyecto Selva Matavén en el año 2019” los cuales cumplieron con lo establecido en el Decreto 926 del 2017 emitido por el Ministerio de Hacienda en el cual se reglamentó el procedimiento para hacer efectiva la no causación del impuesto al carbono. Agregaron que, “Primax cumple a cabalidad y de forma estricta todos los requisitos establecidos por la normatividad vigente para la no causación del impuesto al carbono, lo cual como se puede observar implica la observancia de una debida diligencia”.

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