Yolanda murió el pasado 26 de junio y, a diferencia de la mayoría de fallecimientos, el suyo fue programado, decidido, en compañía de sus familiares y, al menos para ella, alegre. Ese día se convirtió en la paciente 124 en recibir la eutanasia en Colombia, luego de más de un año demandando su derecho a morir dignamente.
Sus deseos, según contó a Noticias Caracol una semana antes de morir, fueron ser recordada con la misma felicidad que vivió, no tener protocolos mortuorios tradicionales de los enfermos ni católicos y estar completamente sola en el momento que se apagara su vida para que nadie la viera.
Pero con su caso y su lucha jurídica, así como por su vida de activista política y feminista, Yolanda quería dejar un precedente para que se cumpliera una voluntad mayor: que “nadie más tenga que presentar tutelas para morirse”, sino que su voluntad y decisión propia sea la que determine cuando y cómo morir.
Yolanda estuvo desde mayo de 2020 exigiendo recibir la eutanasia, cuando le fue diagnosticada la esclerosis lateral amiotrófica, una condición que iba a deteriorar su cuerpo hasta que perdiera la capacidad de moverse, comer e incluso respirar.
Como contó el abogado de Yolanda Chaparro, Lucas Correa, a Infobae Colombia, la última voluntad de la educadora y activista se podría cumplir tras la revisión de una tutela que interpuso para acceder a su derecho de morir dignamente y que le fue negado en dos ocasiones.
“Producto de esas dos derrotas, el caso está próximo a llegar a la Corte Constitucional, que va a analizar el martes 29 de junio y decidirá si lo selecciona o no. Si la corte está a la altura de los tiempos, y de esta abuela y madre de 71 años, podría transformar su jurisprudencia”, dijo el abogado a este medio.
Yolanda y Correa depositaron la esperanza en esa revisión de la Corte Constitucional, para que, en caso de seleccionarla para su estudio, en su pronunciamiento se permita ampliar la posibilidad de acceder a la eutanasia o al ejercicio del derecho a morir dignamente, debido a que una de las consideraciones de las vigentes resoluciones que regulan ese procedimiento extendieron el padecimiento que Chaparro quería evitar.
Actualmente, según explicó Correa, el paciente que acceda a ese derecho debe tener diagnóstico de una enfermedad grave, crónica, degenerativa, incurable y que efectivamente vaya a causarle la muerte; “y que la misma genere un sufrimiento que la persona considere incompatible con su proyecto de vida”.
A Yolanda le negaron la eutanasia dos veces porque los comités médicos que se deben conformar para evaluar estos casos, consideraban que aún tenía capacidad para hacer varias actividades humanas y en el concepto médico, no había el sufrimiento suficiente.
Lo que espera Correa y deseaba Yolanda “es que una persona que tenga una enfermedad grave, crónica, degenerativa y que le genera sufrimiento, pueda decidir sobre el fin de su vida sin que le pongan a esperar un tiempo específico o un nivel de deterioro en su salud. Lo que queremos es que eliminen el adjetivo terminal, porque se ha convertido en una barrera para que las personas puedan tomar el control. Ese es el legado de Yolanda para los colombianos que vienen, derribar la barrera de la enfermedad terminal”, señaló el abogado a este medio.
Sin embargo, aunque la Corte Constitucional ya ha ampliado la regulación, con sentencias y por medio de resoluciones del Ministerio de Salud, que existe actualmente en el país sobre el derecho a morir dignamente, como en el caso de los niños y adolescentes; en sus pronunciamientos ha exhortado al Congreso de la República para que expida una ley que finalmente establezca la normativa en torno a ese derecho.
Desde el 2014 con la sentencia T-970 la Corte hizo ese llamado al legislativo, estableciendo dos años para obtener la ley, pero los proyectos en ese sentido terminan archivados después de algunos debates. Así le sucedió a la iniciativa más reciente presentada por el representante Juan Fernando Reyes Kuri, que aunque logró la votación a favor más alta en la historia colombiana en un proyecto con ese objetivo, faltaron tres para superar el segundo debate el pasado mes de abril.
En ese mismo sentido, de acuerdo con el diario El Tiempo, en la Corte Constitucional se estudia una demanda contra el Código Penal para que se extienda el condicionamiento que estableció ese órgano constitucional en la condena de homicidios por piedad (en el que no pueden ser condenados los médicos que ayuden a pacientes a morir de manera voluntaria), para que se elimine la condición de terminal y se incluya a aquellos con enfermedades extremas o incurables.
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