Temblores ONG registró 44 homicidios durante el paro, cuyo presunto agresor sería un miembro de la fuerza pública

La organización defensora de derechos humanos de Colombia Temblores ONG entregó las cifras de violencia cometida presuntamente por miembros de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones del paro nacional, que cumple dos meses en el país.

La organización, que ha registrado y documentado las presuntas violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en medio de las movilizaciones sociales, verificó 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de la fuerza pública durante las jornadas de protesta.

A su vez, identificó otros 29 homicidios que aún se encuentran en proceso de verificación, dentro de los que se encuentran 13 en proceso de esclarecimiento con relación a si el supuesto victimario es miembro de la fuerza pública, nueve en proceso de verificación del contexto y el escenario, y tres que están en proceso de verificación de la denuncia.

Asimismo, Temblores señaló que cuatro de estos homicidios son “atribuibles a civiles armados en los que hay indicios de posible participación de miembros de la fuerza pública”.

En ese sentido, la organización identificó durante 60 jornadas de protestas sociales, al menos, 4.687 casos de violencia policial, dentro de los que se verificaron 1.1617 víctimas de violencia física; 82 víctimas de agresiones oculares; y 35 casos en los que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) utilizó el arma Venom.

De igual manera, se reportaron 228 víctimas de disparos de fuego; 784 intervenciones violentas en el marco de las manifestaciones sociales; 2.005 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 48 casos de afectaciones respiratorias debido a los gases lacrimógenos y 77 mecanismo de Búsqueda Urgente.

Temblores también registró 28 víctimas de violencia sexual supuestamente cometida por miembros de la fuerza pública y nueve víctimas basadas en género, violencias que han sido denunciadas por colectivos de mujeres y personas LGBTIQ, quienes han entregado informes a organismos internacionales frente a esas violaciones a los derechos que han calificado como sistemáticas.

Debido a esto, la organización defensora emitió una serie de consideraciones frente a los casos denunciados en los últimos dos meses y con relación a las instituciones del Estado que serían las encargadas de investigar e identificar los graves hechos de violencia.

“Exigimos que se garanticen sin distinción alguna el acceso al acceso a la justicia de todas las víctimas y sus familiares. Es indispensable que las investigaciones abiertas por procesos penales y disciplinarios avancen de manera ágil, rigurosa y transparente, sin importar quienes hayan sido las víctimas o sus presuntos victimarios”, indicó Temblores en un comunicado.

En ese sentido expresó la preocupación frente a algunas denuncias de presuntos montajes judiciales, razón por la cual indicó que estos deben ser investigados por las autoridades y no deben ser permitidos bajo ningún pretexto, con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.

“Alertamos y hacemos un llamado a las instituciones del Estado competentes a que investiguen las articulaciones de la fuerzas estatales y paraestatales en la comisión, omisión y encubrimiento de violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional”, aseguró la ONG.

Por último, rechazaron de manera contundente los intentos de deslegitimar el trabajo que ha realizado la organización con relación a la documentación de estos hechos, argumentando que ésta es pertinente para una reforma de la Policía Nacional, debido que permite evidenciar “la verdadera magnitud y complejidad del problema estructural de la Policía.

“Expresamos nuestra preocupación por la escalada de actos violentos cometidos por civiles en los últimos días. Como organización rechazamos cualquier violación a los derechos humanos. Además, reconocemos y luchamos para que a todas las formas de ciudadanía, manifestantes, primeras líneas, personas que circulan y habitan el espacio público, les sean garantizados sus derechos.

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