510 indígenas en Risaralda están confinados por amenazas de grupos ilegales

Los afectados habitan en Pueblo Rico, Risaralda, y Canchidó, en Chocó, porque el ELN los está amedrentando y no les permiten desarrollar sus actividades diarias.

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11-04-2002 Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano
POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA
CARLOS VILLALON
11-04-2002 Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA CARLOS VILLALON

Los grupos armados ilegales siguen amedrentando a las comunidades del país y en estos momentos unas de las víctimas son los indígenas del resguardo indígena Palmira, de Pueblo Rico (Risaralda). Son más de 250 miembros de esta población los que tuvieron que salir de su territorio hacia otro resguardo en Chocó para proteger sus vidas del accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es de mencionar que, la situación fue informada este 28 de junio, pero las autoridades risaraldenses aseguran que se viene presentando desde hace un mes.

Se especificó que los afectados están en Canchidó, en Chocó, pero en este municipio la situación no es mejor, pues allí habitan otros 260 indígenas que también están siendo amenazados por grupos ilegales. En total, ahora son 510 miembros de comunidades étnicas de esa zona del país los que sufren el recrudecimiento del conflicto interno.

“Se generó un desplazamiento hacia la comunidad de Canchidó y esta misma se encuentra en confinamiento. De Palmira son cerca de 250 y de Canchidó son cerca de 260; en total, son 510 las personas que se encuentran en la misma comunidad, unas desplazadas y otras confinadas. Ellos dicen que es por las amenazas de grupos armados al margen de la ley que hacen presencia en ese sector, que es muy aledaño al departamento del Chocó y allá sí hay presencia de dichos grupos”, aseguró Danilo Mejía, personero de Pueblo Rico, en entrevista con La FM.

Teniendo en cuenta que esta situación ha afectado la productividad de las comunidades, estas no tienen asegurada la comida, por lo que las autoridades de Pueblo Rico están coordinando el envío de mercados hasta el resguardo de Cachindó. Así mismo, se están gestionando acciones con organizaciones de derechos humanos que intervengan en la situación para restablecer las garantías de las víctimas.

En cuanto al Gobierno nacional, aún no hay un pronunciamiento acerca de la situación, por lo que las comunidades le exigen preservar sus derechos como ciudadanos y que atienda la situación del conflicto armado que azota al Chocó y Risaralda. Hay que recordar que este sería el tercer movimiento masivo en Risaralda en lo corrido del 2021 por cuenta del conflicto armado que se está recrudeciendo en Chocó.

El desplazamiento forzado en el país es un fenómeno que se ha venido intensificando en el último año. A pesar de que la pandemia del covid-19 está vigente, hay ciudadanos que tiene que salir de sus hogares para evitar que grupos como el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocida como ‘Clan del Golfo’, y las disidencias de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (Farc).

Recientemente, el pasado 24 de junio, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) publicó información acerca de este hecho. El texto reveló que las víctimas de desplazamiento masivo han aumentado un 101 por ciento entre enero y mayo de 2021, en comparación al 2020. Los eventos de desplazamiento subieron un 31 por ciento.

“La situación de los departamentos de la región Pacífica y Noroccidente es crítica, pues estos concentran el 81 por ciento de los afectados en las emergencias por desplazamiento masivo que se reportaron durante este periodo. Nariño, Antioquia y Cauca, lideran con el mayor número de emergencias”, asegura la organización.

El documento reveló también que el 63 por ciento de los desplazamientos masivos fueron causados por amenazas por parte de grupos armados no estatales a las comunidades, mientras que el 17 por ciento se debió a enfrentamientos entre actores no estatales, que buscaban controlar el territorio y las economías ilícitas.

La OCHA también documentó que al menos 27.000 personas se han confinado en 25 eventos reportados, 44 por ciento de estos han sido causados tras amenazas de grupos armados no estatales y enfrentamientos entre estos grupos, en los que la población se ve forzada a confinarse medio del fuego cruzado.

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