El secretario de Seguridad de Cali se pronunció por portar un arma de fuego durante un operativo

Polémica causó en la capital del Valle del Cauca la fotografía en la que el secretario de Seguridad de esa ciudad, Carlos Javier Soler, es captado portando al cinto un arma de fuego en la madrugada del sábado durante uno de los operativos de desbloqueo del sector de Puerto Rellena, rebautizado como Puerto Resistencia por los manifestantes del paro nacional en esa ciudad.

El funcionario se pronunció por la controversia que causó al llevar esa pistola, de la que señaló que era de su propiedad y la había adquirido con sus propios recursos, para su protección y la de sus allegados.

“Para nadie es un secreto que mi formación es militar, durante 30 años presté servicio a mi país y, ahora en el uso del buen retiro, quiero aportar para que esta ciudad recobre su estabilidad. Todos los días porto mi arma, tengo todos los documentos en regla y sé que jurídicamente también la puedo llevar. Por aceptar el reto de liderar el organismo de la Seguridad y la Justicia, y por la situación crítica que vive la ciudad, es necesario que pueda velar por mi seguridad y la de mi familia”, explicó en un comunicado.

En la misiva de esa entidad resaltaron que por el amparo del artículo 5 de la ley 1119 de 2006, Soler estaba actuando dentro del marco de la legalidad. Recordaron que la venta y el porte de armas de la industria militar estaba autorizado en Colombia para personas que cumplieran con los requisitos exigidos por el departamento de control, comercio y armas de las Fuerzas Militares, y que en el caso del secretario de Seguridad, él ya había realizado los respectivos procesos para su porte hace cuatro años, y que, además, viene renovando el salvoconducto de la misma cada dos años, como lo requiere la normativa.

Agregó que está solicitando un refuerzo en su esquema de protección y el de su familia, ya que fue amenazado junto con sus allegados.

“Le aclaro a la opinión pública que he hecho una solicitud expresa a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se evalúen y revalúen los riesgos y la seguridad sea asumida por un esquema de esa entidad, a la que tendré seguidamente derecho, sobre todo por la cantidad de amenazas que he recibido en los últimos días, no solo yo, sino también mi familia, ante las cuales han sido interpuestas las respectivas denuncias”, señaló.

En el comunicado recordaron además que en el artículo 220 de la Constitución Política de Colombia se establecía que: “Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en casos del modo que determine la ley”, por lo que Soler seguía ostentando su grado de coronel de la Reserva Activa, del que no ha sido privado.

Indicaron también que el arma la pagó Soler con sus propios recursos y que además cumplió con la respectiva evaluación psicofísica, evaluación de riesgo, examen psicotécnico, de actitud física y entrenamientos para portarla.

Entre tanto, el subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño Ricaurte, denunció que el sábado fue amenazado por un grupo de manifestantes, también en el sector de Puerto Rellena.

“En Puerto Rellena un grupo de “manifestantes” me amenazó a mí y a mi familia, exigiendo que me retirara o “tendría que asumir las consecuencias”. En reiteradas ocasiones me han señalado de paramilitar. Exigen Derechos Humanos para ellos y no respetan los de los demás”, trinó Londoño desde su cuenta oficial de Twitter.

En la Secretaría de Seguridad condenaron las intimidaciones en contra de su funcionario y se comprometieron a protegerlo con el apoyo de la Fuerza Pública.

“Rechazamos contundentemente las amenazas contra nuestro subsecretario de Política de Seguridad y su familia. Nos solidarizamos con él y ponemos a su disposición la capacidad institucional, en articulación con Fuerza Pública y organismos de inteligencia”, afirmaron.