Ejército colombiano, en la mira de la justicia por la presunta ejecución de menores en una operación contraguerrilla

En el año 2000, el Ejército Nacional de Colombia condecoró a más de 2.000 de sus hombres por su correcto actuar dentro de la operación Berlín, que buscaba dar un fuerte golpe a la extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas de Colombia), específicamente, en contra de la columna móvil Arturo Ruíz. 21 años después, un expediente de la Justicia Especial para la Paz (JEP) sugiere que menores de edad pudieron haber sido asesinados en medio de ese despliegue a manos de la fuerza pública. De acuerdo con un informe de inteligencia elaborado el 26 de octubre del 2000, por la Décima Octava Brigada del Ejército, aquel frente estaba conformado por, al menos, 150 niños entre los 14 y los 17 años de edad. Lo que sugiere que ya se conocía la presencia de menores.

El portal periodístico colombiano Pacifista, junto al medio británico The Telegraph, revelaron detalles hasta ahora inéditos del contenido de ese expediente de la JEP, y que dan cuenta de los hechos de aquella operación. En su publicación, los medios publican apartados de las necropsias que se hicieron sobre algunos de los menores muertos de manera violenta; incluso, hay fotografías en las que se ven impactos de balas en sus cuerpos y la imagen de un menor cuya cabeza había estallado tras el impacto cercano de un proyectil en su cráneo. Asimismo, la investigación revela testimonios de quienes sobrevivieron y la suerte que corrieron sus compañeros.

La operación Berlín, que adquirió su nombre por su ejecución sobre el páramo de Berlín, puntualmente en el municipio de Suratá, en Santander, y que inició su desarrollo en octubre del 2000, duró cerca de dos meses. Los uniformados le seguían la pista a ‘Rogelio Benavides’, comandante de la ya mencionada columna guerrillera. El 29 de noviembre, semanas después de la puesta en marcha del operativo, ocurrieron lo que sería, de acuerdo con la JEP, varios actos de violencia en contra de los derechos humanos, entre ellos, el asesinato a sangre fría de menores de edad.

Uno de los testimonios clave sobre estos hechos es el de una mujer que, por esos días, era tan solo una niña, y logró sobrevivir a pesar de haber sido baleada presuntamente por uniformados del Ejército Nacional. La menor resultó herida y, en el suelo, fingió su muerte para evitar ser atacada nuevo por parte de aquella fuerza armada. 20 años después, la mujer pide protección sobre su vida a causa de las amenazas de muerte que ha recibido por la información que tiene en su poder. Ella, cuya identidad se reserva, contó que ese día, en horas de la tarde, hubo fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo armado al margen de la ley.

De estos hechos surgen algunos nombre exactos, como el del soldado Jorge Barrera Solano, quien presenció lo sucedido y otorgó su versión. Los enfrentamientos de los que habla la sobreviviente se dieron las 2:00 p.m, según el soldado. Dos horas más tarde, tres guerrilleros se entregaron. Media hora después, los uniformados se encontraron el cuerpo de una guerrillera sin vida. Todos elementos que la JEP consideró en el proceso por este caso.

Momentos más tarde, revela el reportaje de Pacifista y The Telegraph, mientras las ráfagas de disparos mantenían la zona en tensión, seis niñas, pertenecientes a la guerrilla, salieron con las manos en alto en símbolo de paz. Las menores pretendían entregarse a la justicia y no ser asesinadas. Mientras esto ocurría, Barrera fue herido en una de sus piernas, al igual que sus compañeros Carlos Barrio Zapata y Luis Murillo Osorio. Este último falleció.

“Nos dijeron ‘corran, salgan tres, párense tres y corran hacia arriba sin mirar atrás y corran que el helicóptero los está esperando en la parte de arriba’. Nosotros si escuchábamos un helicóptero. Entonces, mis compañeros, tres de ellos, no me acuerdo los nombres, corrieron y yo escuché cuando empezaron a disparar, eran como las 5:30 de la tarde cuando eso (...) cuando yo salí a la carretera, yo sí me di la vuelta, y había cinco militares tendidos en el piso boca abajo apuntándonos, entonces un soldado me dijo que ‘no mire hacia atrás’ hijue no sé qué. Entonces yo me volteé, pero yo ya sabía que nos iban a disparar porque era lo que había pasado con los otros muchachos”, relató la mujer en su testimonio, recopilado por ese medio de comunicación y entregado ante la JEP el pasado mes de abril.

Lo que denuncia la mujer está registrado en los archivos de Medicina Legal. Pacifista publicó algunas fotografías de la necropsia que darían evidencia de la muerte de algunos de los compañeros de la sobreviviente, quienes habrían sido tendidos al suelo y atacados con armas de fuego a distancias muy cortas entre los fusiles y sus cuerpos. Entre los documentos que se recopilaron, están 28 necropsias que señalan que seis de las personas fallecidas en esos hechos eran menores de edad. En el mismo sentido, el diario El Espectador encontró que los demás cuerpos no han sido registrados como menores de edad porque, en su momento, fueron “reportados como de adultos o guerrilleros mayores de edad”. Esto no le ha permitido a la JEP tener los datos exactos de cuántos menores reclutados estuvieron involucrados.

“Cuando volteé la mirada yo miré a todos mis compañeros con la cabeza, les habían volado toda la cabeza a ellos. Allí el soldado me dijo si usted está viva, muévase. Entonces yo obviamente no me movía por el miedo que tenía, yo paré completamente la respiración, no me moví, o sea, nada. Entonces pasó un rato así, y volvió y me dijo, ‘si usted está viva, muévase, apriéteme la mano’ (...) él ya se iba a ir entonces yo le cogí la mano, bueno, que sea lo que dios quiera, le cogí la mano y le apreté la mano, y me dijo, ‘yo sabía que usted estaba viva y la vamos a sacar’, ‘la vamos a ayudar, la vamos a curar’”, contó a Pacifista la mujer que reveló que fue lanzada con las demás personas a una fosa. Incluso contó que intentó quitarse la vida por el dolor insoportable que le generaba la herida que le habían hecho previamente.

El periódico El Espectador, teniendo en cuenta lo que argumentó la JEP, y el diálogo que entabló con Wilfredo Robayo, profesor de derecho internacional de la Universidad Externado, señala que el Ejército Nacional de Colombia sabía que ese frente guerrillero estaba compuesto entre un 70% y 80% de menores de edad. Incluso, ese medio recordó que los niños no tenían órdenes de atacar a los uniformados de la fuerza pública y que tampoco tenían la capacidad de hacerlo.

“La condición de víctima de los niños y niñas reclutados por los grupos armados ilegales ha sido desconocida desde tiempo atrás, no solo por los autores materiales ejecutores del reclutamiento forzado, sino también por diferentes instituciones del Estado”, se lee en lo declarado por la Justicia Especial para la Paz.

Robayo, el experto consultado por el diario bogotano, enfatizó en que Colombia no puede decir que cumple el derecho internacional humanitario o que considera como combatientes a los mayores de 15 años. Según su explicación, esto se considera como una violación a eso que se aseguran que defienden: los derechos humanos. “El Estado ha dicho siempre que, si hay niños reclutados por las Farc, es un delito de la guerrilla, pero el Estado tampoco está libre de culpa por no haber evitado que esos niños fueran reclutados en primera instancia”, argumentó.

Lo que manifestó la JEP, en conclusión con las repercusiones legales que podrían caer sobre Colombia, es que el Gobierno está en la obligación de aclarar lo sucedido hace casi 20 años. “La Jurisdicción Especial para la Paz, en el marco del deber internacional de investigar, juzgar y sancionar los graves delitos cometidos en el marco del conflicto armado, tiene la obligación reforzada de esclarecer los hechos e identificar a los responsables de las violaciones cometidas contra los niños, niñas y adolescentes en la guerra”, recalcó.

Aunque los militares u otras autoridades de la época no se refirieron al tema para los medios que revelaron el expediente, la JEP está a la espera de las declaraciones sobre estos hechos de cinco militares, entre ellos, la del general retirado Eduardo Santos Quiñónez.

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