Marta Lucía Ramírez pide a las Naciones Unidas “tener cuidado con las cifras” de fallecidos durante el paro nacional

La vicepresidenta y Canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, le pidió este viernes a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas “tener un gran cuidado” con el manejo de las cifras de fallecidos que se han registrado durante las protestas sociales en el país.

Así lo advirtió la vicepresidenta luego de terminar una reunión con la representante de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada, Juliette de Rivero, y parte de su equipo, en el que se abordaron temas como las protestas sociales, que están próximas a cumplir dos meses en el país, y el respeto a los derechos humanos en el marco del paro nacional.

“Hemos pedido a la doctora Julieth de Riveros y a la Oficina de la Alta Comisionada, tener un gran cuidado con el manejo de las cifras, una gran responsabilidad, porque desafortunadamente como se utilizan las cifras de las alegaciones, 59 casos en los que la gente dice que se produjeron muertes relacionadas con la protesta, pues no son muertes que estén comprobadas, no son investigaciones que estén en este momento atribuidas a la Policía y por eso es importante la precisión en las cifras, utilizar las fuentes oficiales”, indicó la Canciller.

En ese sentido, sugirió utilizar los registros de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, así como las cifras de Medicina Legal, que según manifestó se encuentran continuamente en actualización, con la intención que se enfoquen en las que se han comprobado por las entidades oficiales están relacionadas con las protestas sociales que iniciaron el pasado 28 de abril.

Asimismo, señaló que según estas cifras se ha establecido que 25 personas han muerto en medio de las manifestaciones sociales en contra del Gobierno de Iván Duque y que todas las demás que han sido denunciadas se encuentran en investigación si se produjeron en el marco del paro nacional, en el que se han registrado graves violaciones a los derechos humanos.

“Hoy tenemos ya 25 casos de personas fallecidas en el marco de la protesta, hay cuatro homicidios que están totalmente esclarecidos y tres de ellos, desafortunadamente, tienen la participación de miembros de la Policía Nacional. Es muy doloroso esto, pero también nos da la perfecta certeza y la plena confianza de que, en el Estado colombiano, no hay y no habrá, por ningún motivo, tolerancia frente a ningún caso de violación de los derechos humanos”, indicó Marta Lucía Ramírez.

Este pronunciamiento del Gobierno se da cuatro días después que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, presentara un informe en el que se registraban las víctimas mortales en medio de las protestas, que duplicaba la cifra reportada por el Gobierno nacional.

“Del 28 de abril al 16 de junio, registramos denuncias de 56 muertes, entre ellas 54 civiles y 2 policías en el contexto de las protestas, principalmente en la ciudad de Cali, así como 49 presuntas víctimas de violencia sexual”, aseguró Michel Bachelet ante Naciones Unidas.

Estas cifras están respaldadas por organizaciones defensoras de derechos humanos como Temblores ONG, Indepaz y Paiis de la Universidad de los Andes, que habían registrado al 16 de junio 43 homicidios, presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública y 21 de los que aún se encuentran en proceso de verificación luego de 50 jornadas de manifestaciones.

“Nosotros le estamos dando seguimiento a todas las alegaciones que hemos recibido. Hemos acordado que vamos a seguir este diálogo franco y constructivo para ir informando de este trabajo de sistematización que estamos haciendo en relación con estos hechos, tanto con lo que tiene que ver con las afectaciones de Derechos Humanos que ha habido durante este periodo, como las presuntas violaciones”, reconoció la representante, Juliette de Rivero.

Asimismo, indicó que destacaba que el Gobierno nacional haya declarado una política de cero tolerancia frente a los abusos cometidos por miembros de la fuerza pública y que se estén llevando a cabo investigaciones frente a los casos denunciados de violencia policial, sugiriendo que estos deberían ser conocidos por la justicia ordinaria.

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