Encuesta revela que hay un grave problema de confianza de los colombiano en la Justicia

Este 24 de junio se conoció el informe de Justicia Cómo Vamos en el que se dio a conocer los niveles de confianza de la población colombiana frente al acceso a la Justicia para resolver sus conflictos. La encuesta se llevó a cabo en 17 municipio que integran la Red de Ciudades Cómo Vamos.

El informe, que tuvo participación también de la Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Corona y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), refleja los resultados de 2018 y 2019, en una medición previa a la pandemia que pretendía mostrar el estado del sistema judicial local y mostrar caminos para tomar decisiones.

La publicación demuestra que los colombianos están muy preocupados por la situación de la justicia, por lo que Justicia Cómo Vamos decidió hacer un diagnóstico sobre su funcionamiento en general.

Los municipios y ciudades que participaron en este estudio fueron Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Chía, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Piedecuesta, Socorro, Yumbo y Zipaquirá.

La encuesta demostró que la entre los colombianos hay una desconfianza en el sistema judicial y la velocidad de resolución de los casos. El 43 % de las personas encuestadas confesó que no acuden en todos los casos porque creen que el sistema es demasiado lento y no responde a sus necesidades.

Así mismo, el 30 % de los encuestados creen que la ciudadanía no acude al sistema pues no hay confianza en las entidades; el 52 % dice preferir resolver los conflictos por su “propia cuenta”.

También se encontró que existe un desconocimiento de las diferentes entidades del sistema judicial, lo que afecta el acceso a la Justicia a los ciudadanos. Las cifras revelan que entre un 42 % y el 53 % de los ciudadanos dice no conocer los centros de conciliación o los conciliadores en equidad.

En ese mismo sentido, entre el 14 al 26 por ciento no conoce a las comisarías de familia, los juzgados, la Fiscalía o las inspecciones de policía.

Otro punto que se descubrió gracias a la encuesta es que la infraestructura deficiente es un reto para el país, pues dentro de las ciudades estudiadas, en la mayoría hay una deficiencia en este aspecto, además de una falta de espacio e insuficientes puestos de trabajo, lo que limita el acceso a la Justicia

La encuesta también encontró que en la mayoría de las ciudades existe una gran dificultad operativa debido a la falta de personal de planta, las limitaciones del recurso humano de apoyo asignado y la excesiva rotación del personal.

En las cárceles el escenario es similar, pues el hacinamiento carcelario es un obstáculo para que los internos puedan resocializarse y el grave estado de los establecimientos carcelarios es caldo de cultivo para la reincidencia.

Algo más que se descubrió fue que las entidades de justicia locales “son apéndices de las alcaldías, pero reciben poca priorización y recursos financieros para su funcionamiento, aun cuando son parte integral de la estructura administrativa local”.

Por último, se encontró que hay un reto en el uso de tecnologías y una falencia y poco acceso a herramientas tecnológicas que ayuden a las entidades judiciales prestar un mejor servicio.

“De igual forma, la carencia de recurso humano impide que dichas entidades tengan un contacto más efectivo y permanente con el ciudadano, lo que genera la imposibilidad de ejercer control sobre los procesos que se adelantan en cada una de las instituciones (rendición de cuentas)”, concluye el informe.

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