Capturan en Estados Unidos a Liliana Pardo, exdirectora del IDU prófuga de la justicia

Autoridades de Estados Unidos habrían capturado, en Miami, a la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) Liliana Pardo, quien se encontraba prófuga desde 2014, luego de que se comprobara su participación en el ‘carrusel de la contratación de Samuel Moreno. A causa de esto, tiene dos condenas de 10 y 19 años.

La información fue parcialmente confirmada por la Fiscalía General de la Nación, aunque sigue en labores de corroboración de la captura, quien tiene cargos por peculado, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, así como una circular roja de la Interpol, gracias a la cual estaba siendo buscada en al menos 190 países.

Allí, Pardo era buscada por su papel determinante en el desarrollo de la licitación y posterior ejecución de los contratos de la reparación de la malla vial y de la fase III de TransMilenio, llevados a cabo entre 2007 y 2009. Después de todo, habría sido la exfuncionaria la que les facilitó el acceso a ambos procesos a los Nule y a Julio Gómez y Emilio Tapia, generándole al distrito un detrimento patrimonial de $3.931 millones.

Lo anterior, al entregarles a estos información reservada y privilegiada de las condiciones de la licitación antes de que iniciaran los procesos de adjudicación. De igual forma, se le acusa de haber modificado el pliego de condiciones de la misma tras haber recibido millonarias sumas de dinero por parte de ambos grupos.

Según el ese entonces exsubdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez, Pardo revisaba los pliegos de las peticiones con el fin de acomodar los requisitos de los contratistas que licitaban. Es decir, los pliegos se estructuraban legalmente dentro del IDU; pero las irregularidades denunciadas aparecían en la parte administrativa de la entidad, en donde se simulaba el orden y legalidad de las licitaciones, según él.

“Lo dije ante el Procurador General Alejandro Ordóñez el 22 de junio de 2010 en el proceso contra el senador Iván Moreno y lo repito hoy en esta audiencia. La manipulación de los procesos se hacía con autorización de Liliana Pardo y con las condiciones que ella exigía para favorecer a empresas de José Juan —Rodríguez, exconcejal de Bogotá—”, afirmó Meléndez en un testimonio de 2013, recopilado por la Fiscalía.

El escándalo estalló en forma en 2011, año en el que Pardo fue capturada y enviada a la cárcel del Buen Pastor, para posteriormente ampararse bajo la figura de libertad condicional, mientras se desarrollaba el juicio en su contra. El mismo finalizó por vencimiento de términos, pero se reavivó en 2014 cuando la Fiscalía la volvió a acusar agregando el cargo de manipulación de testigos.

En esta ocasión, la jueza encargada del caso determinó que se cometieron errores en el proceso de acusación y captura de Pardo, con lo que ordenó su libertad, sin cerrar el caso judicial en su contra. De hecho, ese mismo año se le llamó a por lo menos otras 20 audiencias con las que se buscaba evaluar las irregularidades cometidas en la asignación de los mencionados contratos y a las que no asistió.

La ausencia de la exdirectora del IDU se vio exacerbada posteriormente a causa de su fuga del país, que se habría dado en septiembre de 2016, sin rastro sobre a qué lugar del mundo se habría dirigido, hasta hoy.

Valga recordar que, dicha desaparición no fue suficiente para frenar el juicio que avanzó, resultando el 12 de octubre de 2018 en una primera condena a 22 años de cárcel por los delitos mencionados, pero que bajo la lupa del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, se reduciría a 19 años y 9 meses. El 18 de octubre de ese mismo año se emitiría la circular roja de la Interpol, que terminó consumándose con la captura de este 24 de junio.

No sobra agregar que la segunda condena en contra de Pardo se conoció el 15 febrero de este año, cuando el juzgado 38 penal de Bogotá promulgó la sentencia a 10 años de prisión, con inhabilidad para ocupar cargos públicos durante una década, y una multa de 109 salarios mínimos legales vigentes, por su culpabilidad en el delito de cohecho.

SEGUIR LEYENDO: