Luego de conocerse la renuncia de Andrés Idárraga, quien fungía como director de derechos humanos de la Alcaldía de Bogotá, tras indicar que su salida se debe a la mora de una postura clara, vehemente de la alcaldía ante los métodos de la Policía en la ciudad, se conoció que este martes Idárraga será reemplazado por Ivonne González, quien estará acompañada de Gustavo Trejos, padre del joven grafitero que fue asesinado por un patrullero al norte de Bogotá.
Gustavo Trejos, desde el asesinato de Diego se ha convertido en un defensor de las víctimas de abuso policial, tarea por la que ahora será parte del Observatorio de Conflictividad y Derechos Humanos de la Alcaldía de Bogotá, la cual está encargada de brindar acompañamiento jurídico para garantizar la justicia en cada uno de los casos que sean denunciados.
Trejos, quien de profesión es ingeniero de sistemas, emprendió desde hace nueve años, tras el asesinato de su hijo, la labor en el sector de Derechos Humanos, desde entonces, su recorrido se dio desde su trabajo como fundador de la Red Contra el Abuso de Autoridad (RedCAA), organización que tiene presencia en 14 localidades de Bogotá y cuyo objetivo es promover la defensa de los derechos fundamentales y humanos en la ciudad. Actualmente, integraba la Mesa de Seguimiento a la Protesta.
Este nuevo nombramiento para Trejos, fue oficializado en una rueda de prensa por el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien destacó que él junto a Ivonne González serán una dupla en la Dirección de Derechos Humanos, y manifestó: “queremos responder a la coyuntura que vive Bogotá y a la violación de derechos humanos durante 50 días de protesta. Nuestro compromiso seguirá siendo el diálogo, la defensa de la vida y la garantía de los derechos de todos, civiles y policías”, aseguró Gómez.
De igual manera, por medio de su cuenta de Twitter, el secretario resaltó: “En su lucha por evitar la impunidad en el asesinato de su hijo, Gustavo ha emprendido una cruzada contra el abuso por parte de miembros de la fuerza pública durante una década. Su labor será coordinar el acompañamiento jurídico para garantizar justicia en los casos denunciados.”
La lucha de Trejos inició cuando el 19 de agosto de 2011, en extrañas circunstancias su hijo de 17 años, Diego Felipe Becerra, resultó muerto en inmediaciones del puente de la Calle 116 con Avenida Boyacá, al norte de Bogotá, lugar donde él estaba realizando un grafiti.
Según lo conocido por el país, la noche en la que murió el joven, víctima de un disparo, en el lugar de los hechos se encontraba el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas, quien habría accionado su arma en contra del joven, y que posteriormente, durante años participó, junto a altos mandos de la Policía Metropolitana de Bogotá, en todo un montaje para tratar de encubrir su crimen.
En un inicio la versión de la Policía fue que el patrullero Alarcón había actuado en defensa propia, pues aseguraba que el joven había asaltado una buseta de servicio público y se encontraba armado; sin embargo, el montaje se vino abajo después de que Medicina Legal revelara que Becerra no había manipulado un arma de fuego el día de su muerte. Desde allí comenzó la lucha de su familia por limpiar su nombre y tener justicia.
El pasado 20 mayo de 2021, luego de varios años de lucha para no dejar el crimen impune, este uniformado fue condenado por la muerte del joven, pues el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la condena de 37 años, 6 meses y un día de prisión a Alarcón Vargas, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Aunque la decisión evitó la impunidad, el anuncio fue agridulce para la familia de Becerra pues el responsable del crimen está prófugo de la justicia desde el 16 de agosto de 2016, cuando el juez 47 de garantías le otorgó el beneficio de libertad condicional. Desde entonces nada se sabe de su paradero, situación que lleva a la familia de la víctima a pedir a las autoridades aceleren su búsqueda y lo lleven a prisión.
“Es una noticia que estábamos esperando hace cinco años, desde que se dio la condena de primera instancia y para nosotros es gratificante, porque con esto podemos exigirle a la Policía y la Fiscalía que busquen a Wilmer Alarcón. No se ha hecho nada para buscarlo. Una de las excusas de la Policía fue que no se había ratificado el fallo de la primera instancia”, indicó en su momento al diario El Espectador Gustavo Trejos, padre del joven.
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