En medio de los avances por esclarecer los actos violentos que suceden en Colombia, el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense entregarán este jueves 24 de mayo, un informe ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición acerca de los tipos de violencia que padecen las comunidades afro del país. Es pertinente especificar que este grupo está conformado por la la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
“Este aporte significa muchísimo para el Sistema Integral, por cuanto contempla entender las dinámicas y la sistematicidad con que la violencia racista ha tomado distintos territorios del país y los ha convertido en un mecanismo de represión para el pueblo colombiano”, aseguró César Santoyo, vocero del Colectivo Orlando Fals Borda.
El informe que entregarán las organizaciones se titula “Racismo y violencia Estatal en los Territorios Étnicos del Pacífico Nariñense”, y en el se narra, de forma cronológica, la crisis humanitaria que se vive en esta zona conformada por once municipios. De estos territorios, diez están cerca la costa pacífica y uno en el piedemonte costero, donde habitan 467.000 personas, de las cuales 36 por ciento han sido identificadas como víctimas y pertenecen a comunidades negras e indígenas.
Las organizaciones también adelantaron que el informe está dividido en tres capítulos. El primero aborda el contexto histórico del racismo estructural, su relación con las economías extractivas y los patrones de violencia contra los pueblos negros e indígenas. Seguidamente, en el segundo capítulo se explica la materialización de los patrones de violencia que ha generado desplazamiento forzado, desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales.
Para finalizar, en el tercer capítulo se le indica al Sistema Integral de Verdad una serie de recomendaciones y peticiones para hacerle frente a la situación. Dentro de lo que se plantea, se señala la importancia de buscar soluciones estructurales, permanentes, a la violencia que se vive en el pacifico nariñense por cuenta de las condiciones económicas, políticas y militares.
Tanto el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense concuerdan en que se necesitan soluciones distintas a la militarización de los territorios y la imposición de modelos económicos de extracción para poder solucionar la problemática.
En este sentido, las organizaciones señalan que el Estado es culpable de esa violencia porque ha sido permisivo con los victimarios y sostienen que las comunidades étnicas no solo padecen porque se vulneren sus derechos básicos, sino porque se han puesto por encima de ellos algunos intereses de terceros. Las principales acciones que piden revisar están relacionadas con el funcionamiento de empresas palmeras, la minería y la fumigación con glifosato.
Las organizaciones dicen que revisar estos puntos puede ayudar a reivindicar a las víctimas.
“Esta es una forma de buscar la reivindicación histórica del Pacífico Nariñense y piedemonte costero, que ha sido vulnerado por el Estado y por el racismo sufrido durante más de 200 años”, aseguró Nelson Estupiñán, vocero de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense.
De igual forma, se hizo énfasis en la importancia de buscar a los desaparecidos de la región, con el fin de reparar a sus familiares. Con respecto a este punto, hay que anotar que este delito es uno de los que más ha impactado a esta población. Según el Sistema de Información Red de Información de Desaparecidos y Cadáveres, desde 1985 hasta el 31 de octubre de 2020, en los once municipios que conforman el pacífico nariñense se han reportado 1.310 personas desaparecidas.
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