Contratistas de la Troncal de la Paz firman principio de oportunidad en caso contra Aníbal Gaviria

Dos empresarios involucrados en presuntas irregularidades en el contrato de las obras de mantenimiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, entre La Cruzada y Caucasia (Antioquia), obtendrán beneficios judiciales si revelan información acerca del caso. Los testigos fueron identificados como José Ignacio Narváez Mora, exrepresentante del Consorcio Troncal de la Paz y Luis Fernando Solarte Viveros, quien firmó un contrato adicional de la misma obra.

Tanto Narváez como Solarte eran procesados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, pero ahora dejarán de ser investigados siempre y cuando revelen información de este caso que envuelve principalmente al gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria

Hay que recordar que el político se encuentra detenido desde el pasado 3 de marzo a causa de este proceso. Recientemente pidió su libertad, pero esta le fue negada puesto que la Corte Suprema de Justicia aseguró que la medida de aseguramiento “no sólo cumple con los fines constitucionales que le son propios, sino que también reúne los requisitos de proporcionalidad, lo cual no se ha logrado desvirtuar a través de los argumentos propuestos por la defensa”.

Los argumentos para involucrar a Gaviria en este caso fueron expuestos hace meses por la Fiscalía, que señaló que tiene pruebas que dan cuenta de anomalías en la firma del contrato 2005-CO-20-335, en la tramitación y suscripción del contrato adicional N° 1 y del otrosí 2; y de la probable apropiación en favor de terceros de recursos del anticipo. Todo esto habría ocurrido entre 2004 y 2007, cuando Gaviria era gobernador de Antioquia.

“El citado contrato fue suscrito cuando el señor Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, y su valor inicial fue de $41.663.432.778. La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%”, señaló el ente acusador por medio de un comunicado.

La tesis de la Fiscalía es que la variación del valor de la adición no tendría justificación técnica y correspondería a una “modificación caprichosa”. “Así mismo, hay indicios de probables anomalías en el trámite y celebración del contrato adicional N° 1, el 8 de noviembre de 2007, por valor de $3.995′000.000, cuyo objeto fue el de pavimentar tramos pequeños de la vía y garantizar el pago de “mayores cantidades de obra” que no fueron precisadas”.

Según el ente investigador, esa adición no contaba con recursos técnicos. Mientras que el otrosí 2 de la obra genera suspicacias a los investigadores, debido a que se firmó cuatro días antes de que Gaviria Correa terminara su periodo como gobernador y después de haber terminado el empalme con su sucesor.

Además, se incluyó como objeto del contrato la construcción de un puente sobre el río Nechí para, supuestamente, conectar la cabecera de El Bagre con la denominada Troncal la Paz. “En el expediente existen elementos suficientes para establecer que el mencionado otrosí 2, cuyo valor superó los 16.000 millones de pesos, contempló una obra que no era complementaria ni tendría relación con el proyecto base, por lo que debió contratarse previo el agotamiento de un proceso distinto de selección objetiva”, señaló la Fiscalía.

Otra de las irregularidades que halló el ente acusador para formular la acusación en contra del gobernador es que. antes de pagar el anticipo, se giró una suma de 5.000 millones de pesos al contratista para la adquisición de maquinaria, cuando uno de los requisitos del contrato para la licitación era que la empresa contara con el equipo suficiente y necesario para adelantar la obra.

“Para el fiscal titular del caso, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación. En ese sentido, en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, como coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros”, señaló la Fiscalía.

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