Niegan tutela a general que buscaba eliminar mural de ‘Quién dio la orden’ en redes sociales

El Juzgado 25 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías negó la tutela interpuesta por el general Óscar Enrique González, quien pidió retirar de redes sociales el contenido relacionado con el mural de ‘Quién dio la orden’ que hicieron víctimas de los ‘falsos positivos’.

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Bogotá. Mayo 21 de 2020. Tapabocas ¿quién dio la orden? iniciativa de las madres de soacha para visibilizar su causa en medio de la pandemia por covid-19. (Colprensa - Camila Díaz)
Bogotá. Mayo 21 de 2020. Tapabocas ¿quién dio la orden? iniciativa de las madres de soacha para visibilizar su causa en medio de la pandemia por covid-19. (Colprensa - Camila Díaz)

Luego de casi dos años de ser lanzada la primera versión del mural de ‘Quién dio la orden’ se hizo pública una pieza ampliada, donde aparecen trece (13) militares bajo cuyas comandancias se habrían cometido casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’. En esa última versión apareció en la imagen el general Óscar Enrique González Peña con el número 1.653, que indica el número de graves violaciones a los derechos humanos de esta naturaleza que fueron perpetradas, según denuncian militares bajo su mando.

A raíz de ello y a pesar de que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- no publicó y/o difundió en sus redes sociales la pieza de este nuevo mural, el general interpuso una tutela donde exigía la eliminación de todas las redes sociales y medios de comunicación, así como la rectificación de la información suministrada en dicho mural, por considerar que se estaba afectando gravemente su derecho a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, entre otros.

El 21 de junio de 2021 fue notificada la sentencia del Juzgado 25 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías mediante la cual se niegan las pretensiones del general, señalando que no puede atribuirse que Movice haya causado vulneración de los derechos del señor Oscar Enrique González Peña, general del Ejército Nacional.

Como se expone en el fallo, el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia contempla el derecho a la libertad de expresión del que gozan todos los ciudadanos con el fin de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y “las manifestaciones externas del conglomerado social, en este caso las víctimas de falsos positivos, se erige en una forma de manifestación de la colectividad para no olvidar a quienes fallecieron en dichos episodios”.

Imagen de archivo de tres integrantes de la asociación Madres de Soacha: Beatriz Méndez (i), Doris Tejada (c), Clara Ines Piñeros (d) participan en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
Imagen de archivo de tres integrantes de la asociación Madres de Soacha: Beatriz Méndez (i), Doris Tejada (c), Clara Ines Piñeros (d) participan en la elaboración de un mural sobre los falsos positivos en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El juzgado reconoce que el mural en el cual aparece la figura del accionante, en manera alguna atribuye al mismo responsabilidad mínima en la relación de los hechos de ejecuciones extrajudiciales, sino que es una clara alusión a la ocurrencia de asesinatos cuando el señor Oscar Enrique González Peña estuvo al mando de unidades militares, sin que ello implique un señalamiento o una afectación de sus derechos.

“Como Movice saludamos la decisión asumida e insistimos en que el mural #QuiénDioLaOrden constituye una expresión de la verdad y se ha constituido en un patrimonio público de las víctimas de crímenes de Estado y de la sociedad en su conjunto, que exigen la construcción de memoria alrededor de uno de los hechos victimizantes más graves de la historia reciente”, señaló la organización de víctimas.

Según Movice, con este mural han visibilizado el número real -a pesar del subregistro latente- de falsos positivos cometidos por el Ejército Nacional en el periodo de tiempo comprendido entre 2000 y 2010; y, además, ha posibilitado resaltar quienes eran los altos mandos militares que tenían tropas bajo su mando y que, efectivamente, reportaron dichas “muertes ilegítimas, como bajas en combate”, las cuales constituyen nada más ni nada menos que graves violaciones a los Derechos Humanos, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Estado.

“Denunciamos ante la opinión pública el desgaste judicial al que ha sido sometido el movimiento por parte de militares que buscan coartar la libertad de expresión y el derecho de las víctimas a reclamar la verdad y a seguir preguntando #QuiénDioLaOrden de asesinar a más de 6.402 jóvenes inocentes y presentarlos posteriormente como ‘bajas en combate’”, puntualizó Movice.

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