Solo unas horas antes de que terminara la legislatura del Congreso de la República de Colombia, logró salvarse un proyecto de ley que le permitirá a las madres cabeza de hogar privadas de su libertad, pagar sus condenas con trabajo comunitario. El beneficio aplicaría solo para aquellas que hayan cometido delitos menores que no afecten la seguridad ciudadana y que puedan demostrar que sus actos fueron cometidos en condiciones de marginalidad.
El senador por el partido Cambio Radical Rodrigo Lara Restrepo fue uno de los principales ponentes a favor del proyecto y quien dio la noticia acerca de la aprobación en último debate del mismo y aseguró que esta normativa es muy importante para lograr resocializar a las mujeres que hayan cometido delitos menores y no quitarles la oportunidad de criar a sus hijos.
“Es un proyecto de ley que busca establecer sanciones alternativas a la prisión para mujeres pobres, solteras, cuidadoras principales de su hogar, y que han cometido un delito menor sin violencia, por primera vez. En lugar de mandarla para una cárcel, con este proyecto le vamos a pedir que trabaje por la comunidad, que restaure el delito sin separarse de sus hijos, y por el contrario, trabajando por la comunidad, como pasa en muchos países”, aseguró Lara Restrepo en un video que subió a su redes sociales.
El senador argumentó que este proyecto es muy importante en un país como Colombia, donde se ha alertado acerca del aumento de las mujeres que ingresan al sistema penal. Lara expuso un estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México en el que se indica que el total de las mujeres condenadas en el país, el 75 por ciento de ellas son madres de cabeza, y de ellas, el 53,4 por ciento han sido condenadas por delitos menores en los que habrían incurrido por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad y el 80 por ciento nunca había estado presa
Así mismo, señaló que del porcentaje que es madre cabeza de familia, el 54 por ciento son cuidadoras principales de sus hijos. El 32 por ciento de estas mujeres manifestaron que sus hijos pasaron a vivir a otro hogar mientras estaban en la cárcel, el 79 por ciento sostuvo que estos desmejoraron su rendimiento académico mientras pagaban la pena, entre el 18 y 38 por ciento abandonaron sus estudios para trabajar o cuidar a sus hermanos y entre el 10 y 26 por ciento comenzaron a consumir alcohol y drogas.
Teniendo esto en cuenta, el senador Lara Restrepo señaló la importancia de implementar la normativa, no sin que esta ponga ciertas condiciones que permitan acceder al beneficio. Entre las condiciones está:
— Ser mujer madre cabeza de familia.
— No tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito.
— Tener una condena menor o igual a ocho años.
— No haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la de sus hijos.
— Demostrar que las condiciones de comisión del delito están asociadas a condiciones de marginalidad que afectan la manutención del hogar.
A pesar de estos argumentos y las condiciones, la ya aprobada ley fue rechazada por algunas bancadas del congreso. El partido Centro Democrático, por ejemplo, emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que esta normativa se presta para instrumentalizar a las mujeres y no debería implementarse.
“Utilizar este mecanismo para sustituir la pena de delitos como el hurto calificado, hurto agravado, el tráfico internacional, el tráfico doméstico y el microtráfico, cuando estos sean cometidos por mujeres cabeza de familia que tengan necesidades de subsistencia y encuentren en actividades ilegales un sustento, es instrumentalizar a las mujeres vulnerables y sus familias en contra de la legalidad y de toda la sociedad”, aseguró el partido.
Para finalizar, el Centro Democrático aseguró que le pedirá al presidente Iván Duque que objete los artículos del proyecto que se relacionen con los mencionados delitos.
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