Una de las iniciativas más polémicas de la legislatura de 2021 fue debatida en sesiones conjuntas de Cámara y Senado después de la medianoche del 21 de junio, con una votación de 51 a favor y 18 en contra.

En qué consiste lo aprobado por el Congreso

El proyecto fijará una sobretasa de 1.270 pesos por galón de gasolina y de 1.775 pesos por galón de extra, es decir los costos adicionales que tienen hoy bajo el viejo modelo, y extenderlos hasta el 2023.

A partir de ese año, la sobretasa aumentará de acuerdo al registro de Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para el caso del ACPM, se busca que se mantenga en 301 pesos por galón hasta 2023, cuando se presentará un aumento de ocho pesos.

A 2024 aumentará a nueve pesos, con lo que en ese año el aumento pasará a representar un valor de 319 pesos.

La importancia de este tributo para las finanzas de la Nación y de los departamentos y municipios está basada en que financia una parte importante de los sistemas masivos de transporte en Colombia, mientras que un porcentaje de este va destinada a infraestructura vial.

De acuerdo con reportes del diario El Tiempo, para el Metro de Medellín el aporte de la sobretasa está por el orden del 54%, con una duración programada hasta 2028.

Para la capital de la República, el impacto de la sobretasa está vinculado al recurso financiero que apalancará la construcción del Metro de Bogotá.

El proyecto de ley discutido por los congresistas determinó que la sobretasa a la gasolina corriente en su tarifa general será de 940 pesos por galón en municipios y distritos, y la de la gasolina extra, de 1.314 pesos, mientras que en Bogotá sería de 1.270 pesos para la gasolina corriente.

La aprobación de la sobretasa a los combustibles tuvo un tránsito espinoso en los pasillos del Congreso por las condiciones coyunturales del país, pero también contó con el decidido apoyo de algunos lobistas del sector, como la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, Asocapitales.

El gremio resaltó que de no aprobarse el proyecto de ley, las finanzas municipales y departamentales sufrirían un descalabro del que, dadas las condiciones actuales, hubiera sido difícil reponerse.

Así lo resaltó ante el llamado a sesiones extras por parte de la mesa directiva del Senado: “es de especial relevancia para impedir que se dejen de recaudar más de 2.7 billones de pesos al año por parte de las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, pues esta sobretasa es uno de los principales ingresos de municipios y departamentos, que garantizan el funcionamiento de los Sistemas Masivos de Transporte y se invierten en la malla vial local”.

Asocapitales solicitó repartir la distribución de la sobretasa al ACPM de la siguiente manera: 75 por ciento para las capitales y 25 por ciento para el resto de municipios, propuesta que fue discutida en la Plenaria, pero que no contaba con la suficiente tracción en caso de ser aprobada.

La idea central detrás de las discusiones fue evitar que los municipios recibieran un menor porcentaje de ingresos, por lo que la fórmula señalada fue la distribución equitativa de mitad y mitad entre departamentos y la Nación, con destino a la inversión de obras de la red vial secundaria.