Así funcionaba la presunta red de corrupción en el Ejército Nacional, cuya investigación fue archivada por la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación archivó los adelantos de una investigación que parecían evidenciar la existencia de actos de corrupción dentro del Ejército Nacional. Según lo que se plasmaba en el expediente, se indagaba la participación de uniformados adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta de gastos reservados. Noticias Caracol, en la mañana de hoy, reveló la forma en la que, supuestamente, funcionaría aquel entramado de acciones ilegales.

De acuerdo con un recuento hecho por RCN Radio, el proceso inició en diciembre del 2017, y en marzo de 2018 se remitió al despacho del procurador General de ese entonces, Fernando Carrillo Flórez. El 4 de mayo de 2018, el despacho del procurador Carrillo ordenó “romper la unidad procesal” para que se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados y, además, investigar sobre una supuesta interceptación de comunicaciones. El 3 de agosto de 2018 se delegó al Viceprocurador de entonces Juan Carlos Cortés para continuar con el proceso.

El 18 de agosto de 2018, el despacho del Viceprocurador General citó a una audiencia pública y formuló pliego de cargos al mayor general Martín Fernando de Jesús Nieto Nieto, al coronel John Ortiz Soto y al teniente coronel Alexander Parga Rincón, por presunto uso indebido de los gastos reservados, sin embargo, tres meses después, es decir, en noviembre de ese mismo año, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación. El argumento para invalidar la determinación se dio por “un error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad”. El caso, entonces, volvió a un proceso de indagación preliminar.

De este nuevo proceso de investigación, quedaron conclusiones que señalaban que había falta de contundencia en las pruebas recaudadas por lo que, durante este año, en el 2021, y sumado a los antecedentes que rondaron el proceso, se archivó. Margarita Cabello, quien ahora está a la cabeza de la Procuraduría aseguró, además, la labor de Carrillo había sido ‘irregular’ y ‘deficiente’.

En su defensa, Fernando Carrillo hizo algunas precisiones con las que argumentó que lo dicho por Cabello es falso. “No es cierto, como se afirma en el comunicado de la procuradora Cabello, que existan grandes falencias investigativas encontradas por su administración y que la única decisión jurídica procedente fuera el archivo de la actuación, pues con las mismas pruebas se había decretado anteriormente el inicio de juicio disciplinario en el asunto”, enfatizó.

”En dicha providencia se analizaron y acogieron los medios de prueba debidamente practicados y recogidos por los investigadores de la Procuraduría, con la aplicación de las normas especiales en materia de reserva, tanto de carácter técnico, como documental y testimoniales (...) al reanudarse por esta administración la actuación y analizar el material probatorio allegado, se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas (...) no tuvo que ver con los medios de prueba recaudados, por lo que el material probatorio que sirvió de fundamento para la citación a audiencia de juzgamiento, conservó su valor (...) en efecto, no se afectó con aquella, la integridad de la prueba, ni su poder de convicción”, explicó Carillo, respecto a la cronología del caso mencionada anteriormente, en testimonios recopilados por El Tiempo.

De acuerdo con Carrillo, la decisión del archivo del caso se basó en “desestimar los medios de prueba entregados”, pues, “no expone razonablemente por demás, en qué consiste la falta de contundencia de la prueba, limitándose a calificarla de manera general”.

Noticias Caracol, por su parte, reveló un informe en el que se evidencia lo que sería, según la unidad investigativa de ese informativo, ”uno de los más graves casos de corrupción en la cúpula de la inteligencia militar”. Fue el pasado 4 de mayo cuando la sala disciplinaria archivó en proceso que, hasta ese momento, involucraba a un general, dos coroneles, y a otros militares entre los que se encontraba el general retirado Juan Pablo Rodríguez, excomandante de las Fuerzas Militares. La Procuraduría no vio suficientes las evidencias que se plasman en ese informe, sin embargo, el noticiero detalló algunos de los puntos más relevantes dentro del caso.

En aquel documento se rescatan declaraciones de decenas de funcionarios de esa fuerza pública que fueron sometidos al polígrafo, en medio de investigaciones sobre el caso, y hay evidencias documentales que dejarían ver que dentro de la Regional de Inteligencia Estratégica Militar (RIMEC) se desviaron dineros destinados a los gastos reservados de la institución entre 2016 y 2017.

Según lo que expuso Noticias Caracol, el dinero que estaba destinado para pagar a fuentes humanas dedicadas a entregar información de valor para defender el Estado colombiano terminó convirtiéndose en recursos de bolsillo para gastos ajenos a ello y que, en su mayoría, apuntaban a cubrir gastos personales de algunos uniformados. Así mismo, ese dinero habría sido utilizado, de acuerdo a la investigación, para pagar y comprar herramientas que sirvieran para espiar a defensores de derechos humanos, funcionarios del Gobierno, y demás personajes de interés.

Entre los testimonios que resaltó el equipo de periodistas de ese medio de comunicación, está el del coronel Francisco Rodríguez Piramanrique, jefe de la RIMEC entre 2015 y 2016,quien aseguró que entregó dinero, irregularmente, al general retirado Martín Nieto, quien, hasta 2017, fue comandante de Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta de las Fuerzas Militares.

“Mi general estaba viajando en esa época a La Habana. Eso era una aspiradora de plata… Una vez me llamó y me dijo: ‘necesito 2.000 dólares, nos toca irnos ya para Cuba como un mes y no nos han dado recursos’ (...) ¿y qué tocaba?, pues dar los 2.000 dólares (...) me acuerdo una vez que me llamó mucho la atención y porque esa sí fue directamente la orden de mi general, dijo ‘hay que darle tanta plata, entrégueselo a mi coronel Parga, ocho millones’. Me tocó, aunque la producción que dio no daba para ello. Entonces ¿qué me tocó hacer?, de otras fuentes saqué para completar, ‘vea señor Parga, tome sus ocho millones’ (…) Entonces ya nos tocó fue con otros informes de otras fuentes empezar a cubrir el gasto”, de evidencia en el testimonio del coronel.

Lo que explicó el noticiero fue que para evitar ser percibidos por la justicia, se falsificaban reportes de pagos falsos en donde se inflaba pagos para justificar aquellos dineros perdidos. “Es algo que desde arriba ya está ordenado, protegido, avalado, a pesar de que se sabe que no es el deber ser de las cosas, que no hay un manual de gastos reservados que lo diga, que no hay una ley”, advirtió Francisco Rodríguez.

Respecto al tema de espionaje sobre algunas personas de interés para la institución, Noticias Caracol aseguró que fue un viaje de tres agentes de inteligencia militar a Las Vegas, en los Estados Unidos, en julio de 2017, lo que encendió las alarmas en la investigación. La visita al país norteamericano tuvo que ver con la asistencia a la DEFCON, una de las ferias de hackers y expertos informáticos más importantes del mundo, en donde, supuestamente, habrían adquirido herramientas de espionaje.

“No obran pruebas que acrediten dicho viaje, tales como las comisiones para salir del país, compra de tiquetes aéreos, fechas de viaje, lugares de destino y exactamente quiénes lo realizaron, el registro de emigración, las anotaciones en pasaportes, etc”, refutó la Procuraduría aún y cuando, según el informe al que tuvo acceso el noticiero, los uniformados confiesan la ejecución del viaje y sus intenciones con este.

Entrevistador: “¿Mi teniente, cuándo viajan ustedes a, a dónde es, a Las Vegas?”

Teniente Diana Rey: “En julio, la última semana de julio”.

Entrevistador: “¿Qué les tocó ir a hacer a Las Vegas, mi teniente?”

Teniente Diana Rey: “Fuimos a un congreso de informática”.

En otro apartado de las grabaciones se le escucha decir a otros dos uniformados que se habría invertido una suma de diez millones de pesos en la compra de “elementos electrónicos”. “En tal sentido no fue posible determinar (...) en qué forma se pagó y cuáles fueron las capacitaciones recibidas por la Compañía Huila, menos aún existe prueba de la clase y existencia de los equipos o software presuntamente adquiridos para dicha Compañía”, recalcó la Procuraduría al archivar el caso.

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