Los proyectos de ley aprobados, hundidos y pendientes en el Congreso de Colombia

Durante la última semana, el Congreso de Colombia ha tenido que acelerar las plenarias para así alcanzar a discutir una serie de proyectos de ley pendientes antes de que este domingo, 10 de junio, termine su legislatura. En estos siete días, tanto el Senado como la Cámara, han logrado aprobar más de diez normativas, pero hay otras que se hundieron o que no se alcanzaron a votar, generando polémica y denuncias por parte de políticos que aseguran que se han presentado sabotajes.

Entre los proyectos aprobados hay tres relevantes y que han sido celebrados por la mayoría de los ciudadanos: la ley de comida chatarra, la disminución de la jornada laboral y el de la licencia compartida entre padres y madres. Estos ya fueron aprobados en último debate, pero se espera que se haga la votación de conciliación antes de que sean las 11:59 p.m. de este domingo.

Con respecto a la ley de comida chatarra, este propone que se establezca un etiquetado que advierta los excesos en grasas, sodio y azúcares en los comestibles y bebidas. Además, esta información debe salir en toda la publicidad que se realice del producto, con el fin de advertir a través de todos los canales.

CONTEXTO: Congreso aprobó el proyecto de ley de ‘comida chatarra’, que estuvo en riesgo de hundirse

En cuanto al proyecto de ley que crea la licencia parental compartida, este se implementará con el objetivo de permitir que tanto el padre como la madre tengan corresponsabilidad en el cuidado de los hijos recién nacidos. La norma apunta a reducir incentivos para la discriminación laboral de las mujeres que están en edad reproductiva, así como promover que los hombres participen activamente en las labores del hogar.

Por otra parte, está el proyecto que busca reducir la jornada laboral en el país para que los ciudadanos ya no trabajen 48 horas a la semana, sino solo 42, sin afectar negativamente el salario que recibe cada persona. Este cambio se empezaría a aplicar en dos años (2022), y se haría de forma progresiva. La meta es que la reducción total de la jornada (42 horas) se refleje en 2026.

Este proyecto fue impulsado por el partido de Gobierno, el Centro Democrático que señala que este cambio se traduce en más productividad para las empresas, más oportunidades de empleo y mejor calidad de vida para los trabajadores. A pesar de ser el grupo político más cercano al presidente Ivpan Duque, es el mismo gabinete presidencial, junto a otras organizaciones, los que argumentan que la normativa generaría más obstáculos para formalizar el empleo.

Otras proyectos aprobados que tienen relevancia en el funcionamiento del país, pero que han generado más controversias son la reforma a la justicia, los cambios al Código Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación y la cadena perpetua a violadores.

En cuanto al primero, este busca, entre otras cosas, catalogar la administración de justicia como un servicio público esencial y digitalizar el sistema jurídico con herramientas como el expediente digital para todas las ramas. Esta iniciativa ha sido trabajada desde 2012 y siempre terminaba hundiéndose porque se considera que este hecho podría hacer más manipulable el sistema. Así mismo, se señala que si bien facilita el acceso y los costos de los procesos, también implica una camisa de fuerza para los trabajadores de la rama judicial porque en caso de entrar a paro, estos podrían considerarse como ilegales bajo esa nueva óptica.

El Código Disciplinario de la Procuraduría también ha resultado polémico, pero aún así se aprobó con 53 votos a favor y nueve en contra. Según el mismo órgano de control, el cambio le permitirá a la entidad fortalecer los poderes que tiene y le otorga funciones jurisdiccionales y de policía judicial. Además, se le otorgan facultades al presidente de la República para reformar la planta de personal de esta entidad.

La razón por la que esto no es bien visto es que se señala que al otorgarle funciones judiciales al Ministerio Público podría ser utilizado con fines de persecución a dirigentes políticos de oposición. Así mismo, se cuestiona darle funciones de policía judicial al procurador para adelantar interceptaciones, allanamientos y otro tipo de procedimientos.

Por último, está el proyecto de ley que para permitir la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia. Esta reglamentación es un marco de acción para que los jueces de la República ejerzan condenas en estos casos, y sería la primera vez que una medida de este calibre pase a ser ley en la historia de Colombia. Las objeciones acerca de la propuesta no son directamente hacia la misma, sino que se indica que, si la ley es aprobada por sanción presidencial, esta luego podría ser tumbada por la Corte Constitucional.

CONTEXTO: A sanción presidencial proyecto de ley que propone cadena perpetua para violadores de niños

Adicionalmente, se aprobaron otros proyectos como la creación del Día Nacional de la Novia Eterna de Barranquilla, Esthercita Forero; la conmemoración del Día Nacional de la Mutualidad; el régimen de abanderamiento de naves y artefactos navales; y el reconocimiento del carriel antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación. Alrededor de estos hay mucha controversia porque los ciudadanos, e incluso algunos congresistas, señalan que estas normas no son relevantes para el país y las plenarias en las que se discutieron podrían haberse invertido en otro temas.

La molestia principal se debe a que mientras esos cuatro proyectos fueron debatidos, los congresistas colombianos no se tomaron el tiempo de votar normas que afectan principalmente a quienes habitan en las zonas rurales del país.

Quedó pendiente votar por la jurisdicción agraria, que pretendía que los jueces se trasladaran hasta las zonas rurales para así acelerar los procesos de restitución de tierras a los campesinos. Así mismo, no se alcanzó a votar el proyecto que prohibiría el fracking en Colombia porque la mayoría de los congresistas no se no se presentaron a la sesión, por lo que no hubo quórum.

Así mismo, el Acuerdo de Escazú quedó en veremos. El proyecto iba a ser votado el 17 de junio en la mañana, pero al final se presentaron inconvenientes y la sesión no avanzó, por lo que la votación fue aplazada. Se esperaba que se convocara una nueva sesión durante el fin de semana, pero esto no sucedió, por lo que el proyecto quedó archivado.

CONTEXTO: Aplazan votación que define si Colombia se adhiere al Acuerdo de Escazú

Políticos, activistas y grupos medioambientales aseguran que era importante que se diera el debate en el Congreso y el país ratificara el acuerdo para así establecer garantías sobre el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales y la protección de líderes ambientales. Se resalta la importancia de este último punto ya que según la organización internacional Global Witness, Colombia ocupa el primer puesto de países con más asesinatos de defensores medioambientales reportados el año pasado.

SEGUIR LEYENDO: