Constructora del edificio Aquarela no se rinde y busca evitar su demolición

El pasado viernes, el alcalde de Cartagena William Dau anunció la firma del convenio para la demolición del edificio Aquarela, una construcción que amenazó la declaración de patrimonio del Castillo de San Felipe en la Heroica, por su tamaño y cercanía con el histórico lugar.

El convenio ejecuta una acción policiva que impuso una medida correctiva en 2018 para “recuperar el espacio público ocupado de manera irregular”. Con ese objetivo, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Cultura conforman el equipo para adelantar finalmente la demolición.

Según el diario El Universal, la infractora es la Promotora Calle 47 s.a.s, la empresa constructora del edificio Aquarela, que habría violado las normas del artículo 135 del Código Nacional de Policía. La orden le exigió a la compañía restituir 619,59 metros cuadrados en dos meses, pero el término se cumplió y la acción siguiente es la demolición de la obra.

Esa demolición se deberá hacer en un plazo de un año, que se podrá prorrogar por acuerdo de las partes del convenio, como posiblemente deberá ocurrir debido a las apelaciones de la empresa infractora que busca conservar el edificio.

“Dicho fallo policivo, que ordena la restitución de 24 mts2 de superficie, corresponde a una ínfima parte del área del proyecto total, que los constructores están dispuestos a restituir, mediante una perfilación del edificio, lo cual es técnicamente factible, y para lo que se solicitó una modificación de la licencia de construcción, que fue negada por el mismo Distrito”, se manifestó en el informe entregado por Aquarela, según citó RCN Radio.

En el comunicado, la empresa infractora también argumentó que el fallo policivo se encuentra demandado por nulidad ante un juzgado de Cartagena, debido a que según ellos se determinó la afectación por pruebas no idóneas y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no ha emitido concepto.

Pero, de acuerdo con ese instituto, ellos no tendrían competencia para pronunciarse al respecto, como lo exige la constructora. Según el periódico El Espectador, ese instituto no ha conceptuado sobre el caso y en dos ocasiones ha reiterado que no es competente en el caso; así mismo, otro argumento es falso.

Mientras la constructora sostiene que la orden policiva ordena la restitución de 24 metros cuadrados, que se podrían por medio de perfilamientos, la resolución 001 de octubre de 2018 dice que son 619.59 metros cuadrados los que se deben restituir al espacio de patrimonio de la ciudad.

Así mismo, tampoco sería cierto que la demolición sea una acción antijurídica como alega la constructora, pues las resoluciones han sido ratificadas por la misma secretaría del Interior y Convivencia de Cartagena para dar vía libre a la restitución del espacio.

Esta semana la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) amplió el plazo al Estado colombiano para la demolición del edificio Aquarela, ubicado en Cartagena cerca al Castillo de San Felipe, debido a los retrasos y complicaciones que se han presentado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en su comunicado la Unesco también insta al Gobierno a priorizar la demolición de este edificio, el cual considera tiene un mal impacto en el patrimonio histórico de la ciudad.

La Unesco accedió a la petición del Gobierno colombiano de extender el plazo para derrumbar la construcción que está detenida, ahora las autoridades deberán demoler la estructura antes del 1 de diciembre del próximo año. La organización internacional ha criticado en varias ocasiones la construcción del edificio Aquarela señalando que este afecta negativamente al sector por su cercanía con el Castillo de San Felipe de Barajas, que fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por este organismo desde 1984.

Anteriormente, el plazo que se había establecido en julio de 2019 vencía este año. En ese momento la Unesco advirtió a Colombia que, en caso de no cumplir con la demolición, Cartagena entraría en la lista de ciudades en riesgo de perder su declaración de patrimonio. Con la petición del Gobierno solicitando a la organización tener en cuenta los retrasos por la pandemia, las autoridades tienen un año más para cumplir con la orden.

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