De la transformación de la Policía colombiana se viene hablando hace años. Sin embargo, fueron necesarios un paro de más de dos meses y miles de denuncias de uso excesivo de la fuerza, y hasta de abuso de la autoridad, para que el Gobierno nacional finalmente reaccionara y pasara del dicho al hecho.
“De acuerdo con las instrucciones del presidente Iván Duque, la transformación integral de la Policía Nacional tiene tres avenidas que avanzan en paralelo”, dijo al respecto el ministro de Defensa, Diego Molano, durante una rueda de prensa sostenida este viernes 18 de junio, refiriéndose a las decisiones legislativas, el entrenamiento en derechos humanos y el cambio en el modelo de vigilancia, todos temas de los que ya habían sido dados a conocer desde mediados de marzo, cuando el propio funcionario presentó por primera vez el plan integral de innovación, transparencia y efectividad.
Ahora bien, el jefe de la cartera de seguridad se refirió de forma concreta sobre cada uno de esos temas, comenzando por las cuestiones legislativas, sobre la que iniciarán discusiones a partir del próximo 20 de julio. “Esperamos pronta aprobación de dos proyectos de ley fundamentales para avanzar en la transformación de la Policía. Un proyecto de ley sobre profesionalización de la Policía Nacional cuyo objetivo es continuar esa tradición histórica que tiene la Policía de tener hombres y mujeres de excelencia”.
El mismo, agregó, busca que la institución cuente con una carrera profesional desarrollada al interior de la misma, que permita certificar las competencias prácticas y académicas en temas como derechos humanos, uso de la fuerza, procedimientos policiales y servicio al ciudadano.
De igual forma, generará distinciones y sistematizará los ascensos de acuerdo a la certificación de dichos saberes, para que “halla un ejercicio de formación para toda la vida al interior de la Policía, con los más altos estándares internacionales y un mejor reconocimiento al desempeño y al bienestar de todos los patrulleros en Colombia”, explicó el ministro.
El segundo proyecto tiene que ver con el nuevo régimen disciplinario para la institución, que busca elevar los estándares de exigencia en términos de derechos humanos y comportamentales, “para actualizar el régimen anterior, que viene del año 2006, y colocar mejores y más expeditos procedimientos de investigación y resolución de acciones”.
Sobre el segundo punto, Molano advirtió que se buscará ubicar a los derechos humanos como el centro de la restructuración administrativa de la fuerza pública. Esto debería suceder después del 20 de julio, una vez se haya hecho la socialización y discusión de los mencionados proyectos de ley en escenarios académicos y sociales.
“Finalmente está la tercera avenida, de poner en ejecución el nuevo modelo de vigilancia, que permita tener una Policía y un patrullero de policía, de los servicios, particularmente de seguridad ciudadana, que esté mejor identificado, con tecnología y especialmente con la aplicación de esos nuevos estándares en la calle, de modo que haya más confianza, más legitimidad, por parte de la ciudadanía”, concluyó.
A su turno, el ministro del Interior, Daniel Palacios, señaló que ya se han dado algunos pasos con miras a ese objetivo, como las modificaciones al decreto 003 de 2021, como producto de las propuestas que salieron de la Mesa Nacional de Evaluación de la Protesta Pacífica; o la asignación de un presupuesto para adelantar la aplicación de un piloto de ese proyecto.
“En primer sentido, se amplía la definición de manifestación pacífica. No constituye manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías e infraestructura del transporte, tal como establece el Código Penal en su artículo 353 A. Así como tampoco constituye manifestación pacífica, las que se convocan con fines ilegítimos, promueven la violencia, estigmatización y los demás mencionados en la sentencia C-742 de 2012″, dijo Palacios.
Igualmente, advirtió que se reitera el uso legítimo de la fuerza bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves verificables que afecten el orden público, así como la integridad o la vida de personas y bienes públicos y privados. Paralelamente, anunció que la Mesa Nacional de Garantías se modificará para incluir enfoques territoriales y diferenciales, que serían de género, étnicas y juveniles. Estas se desarrollarán próximamente en Cali, Medellín y Cauca.
En cuanto al presupuesto, el jefe de la cartera del Interior señaló que se aprobó la implementación de piloto de transformación de la Policía con un presupuesto de $34.732 millones.
“En primera medida hay que decir que se hará la inversión de ocho vehículos de mando y control, que contarán con 14 drones que acompañarán las actuaciones de la Policía Nacional en lo que tiene que ver con actuaciones de seguridad y convivencia, pero donde se brindará un apoyo especial a las actuaciones del Esmad”. La idea es llevar el cubrimiento de este sistema a las 32 ciudades capitales del país para el próximo año.
Igualmente, inicia el plan piloto de Body Cam, el sistema que busca grabar los procedimientos ejecutados por cada uno de los agentes de la fuerza pública por medio de cámaras incorporadas en el uniforme. “Esto en aras de generar mayor transparencia no solamente para el ciudadano sino para la actuación que hace el policía, en donde se debe la aplicación y la implementación de los protocolos y procedimientos establecidos”.
Por último, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, señaló que en los próximos días darán a conocer el nombre de la persona que estará al frente de la instancia de primer nivel para los derechos humanos y que entre junio y julio comenzará el plan piloto del nuevo uniforme en las calles de seis ciudades principales. “Nuestro objetivo robustecer el servicio de policía en beneficio de la ciudadanía y todas las capacidades de lucha contra el crimen organizado”, concluyó.
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