Este viernes 18 de junio, los ministros del Interior, Daniel Palacios Martínez y de Defensa, Diego Molano Aponte, junto con el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, dieron a conocer las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para dar garantías a la protesta pacífica en el país, como resultado de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías, donde se acogieron recomendaciones presentadas por organizaciones de derechos humanos, jóvenes, gremios, sociedad civil y organismos internacionales.
Una de ellas fue modificar el decreto 003 de 2021, donde ahora establece que “no constituyen manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanente vías o infraestructura, así como las que se convocan con fines ilegítimos, violencia, estigmatización y reitera el uso legítimo de la fuerza bajo principios de necesidad”, es decir, que prohíbe los bloqueos de vías como parte de la protesta social.
“Se reitera el uso legítimo de la fuerza bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida, y la integridad de las personas, bienes públicos y privados”, destacó el ministro Palacios.
Es de recordar que este decreto obedece a las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia en la que los y las accionantes solicitaron la protección de sus derechos a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, no ser sometidos a desaparición forzada y a las libertades de expresión reunión, circulación y movimiento.
En la mencionada sentencia, el alto tribunal ordenó la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas, enfatizando en:
- La prevención y sanción de la intervención sistemática y violenta en las manifestaciones.
- La estigmatización frente a quiénes salen las calles a refutar y criticar las labores del gobierno.
- El uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y químicos.
- Detenciones ilegales, abusivas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- Ataques contra la libertad de expresión y de prensa.
“Dimos a conocer el marco de garantías del Gobierno nacional para quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica, y también para quienes no lo ejercen y requieren ver sus derechos protegidos. Anunciamos la modificación de la estructura del Ministerio del Interior, fortaleciendo su enfoque integral en materia de diálogo social y Derechos Humanos. El viceministerio para la Participación e Igual de Derechos será ahora el Viceministerio del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos”, aseguró hoy el ministro del Interior.
El Gobierno nacional anunció además la creación del Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y Resolución de Conflictos, el cual será presidido por el presidente Iván Duque y harán parte el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas, la Consejería de Estabilización y el Alto Comisionado para la Paz, entre otros.
“Este sistema será replicado en todos los niveles; nacional, departamental y municipal, en donde se busca no solamente fomentar el diálogo social, sino poder dar resolución a los conflictos que se originen precisamente en materia de convivencia y conflictividad social. Del mismo modo, se crea el Observatorio de la No Discriminación y la no Estigmatización ‘Colombia es de todos’. Este Observatorio promocionará la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación o estigmatización como mecanismo de monitoreo y seguimiento a los diferentes actos o prácticas discriminatorias por razón de raza, ética, religión, género, orientación sexual, opinión y participación política y discapacidad, entre otros”, explicó Palacios.
El ministro también anunció que se han dispuesto $34.732 millones para el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional, que se invertirán en tecnología, un plan piloto de bodycams y un componente de movilidad que hace parte del plan de transformación integral de la Policía Nacional.
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